Las medidas más duras del anterior Gobierno solo consiguieron rebajar la mitad de esa cantidad
Las calculadoras echan humo. Y, a falta de otros datos que el goteo de declaraciones de los responsables del PP, también las bolas de cristal. ¿Dónde va a meter la tijera o a poner el cazo el Gobierno para conseguir ese recorte anunciado de 10.000 millones –aproximadamente, otro 10%- solo entre educación y sanidad?
La primera incógnita es saber cómo se va a repartir el ajuste entre los dos servicios, el educativo y el sanitario. Suponiendo que sea de una manera proporcional, eso quiere decir que aproximadamente 4.000 millones corresponderían a educación, y los 6.000 millones restantes a sanidad.
Y esta última cifra asusta. El último Gobierno del PSOE consiguió rebajar el gasto en unos 3.000 millones, y para ello tuvo que rebajar los salarios un 5%, lo que aportó unos 1.400 millones, y aplicar drásticos recortes al precio de los medicamentos: otros 1.000 millones solo por la venta en farmacias, a lo que habría que sumar otros 400 millones en hospitales y alguna migaja adicional, como la incipiente central de compras, que solo funcionó para algunas comunidades, y la vacuna de la gripe.
Todas estas medidas pueden endurecerse. Gran parte del personal de la sanidad no es funcionario –son estatutarios, interinos, asimilados, subcontratados-, por lo que podría rebajársele el sueldo sin incumplir lo establecido en los últimos Presupuestos de congelar los salarios de los trabajadores públicos. Claro que esa medida tendría una venta muy difícil, ya que, en cambio, sí se les equiparó a los funcionarios durante la rebaja del 5% acordada en 2010.
Y si ahorrar 6.000 millones ya parece difícil, conseguirlo sin tocar los sueldos, que representan aproximadamente el 40% del gasto sanitario, parece una tarea titánica.
Queda la partida de lo que contablemente se denomina consumo intermedio (proveedores de productos y servicios). Pero estos representan aproximadamente el 20% de los presupuestos sanitarios (unos 15.000 millones). Meterle ahí un recorte de 6.000 millones supondría dejarlo en poco más de la mitad, cuando las últimas medidas en medicamentos, por poner el más claro y del que hay mejores datos, han conseguido una rebaja de alrededor del 10%. Si se extrapolara a todos los proveedores, serían unos 1.500 millones (salvo que se les siga sin pagar, pero eso parece que no es lo que se pretende).
Las otras partidas (transferencias corrientes o conciertos) son menos flexibles, ya que, simplificando mucho, son las que permiten que el sistema abra sus puertas cada día.
Hay una posibilidad no utilizada todavía, y muy difícil de cuantificar: reducir las prestaciones. Esto no se ha hecho jamás en el sistema sanitario español, y tendría muy mala venta. Nadie aceptaría que no se trataran las dolencias más comunes y caras, como procesos oncológicos o cardiovasculares, las crónicas (neurodegenerativas, diabetes, sida, mentales) o las urgencias.
Se podría pensar en suprimir algunos tratamientos que dentro del PP están muy cuestionados, como la interrupción del embarazo o, como ya sugirió el PP en la campaña catalana, la cirugía de adecuación de los transexuales. Lo malo, desde un punto de vista financiero, es que estas intervenciones no son muy caras. Y, por lo tanto, ahorrarían poco. Con los 100.000 abortos se podría dejar de gastar unos 50 millones. Con el tratamiento de la transexualidad, menos aún, porque son muy pocos.
Esta mañana, en una entrevista radiofónica, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordó la idea de revisar la cartera de servicios. Pero este anuncio, salvo que se tomen decisiones muy drásticas, puede ser más bien cosmética: sacar del catálogo prestaciones obsoletas y poco eficaces es algo que se explica muy bien, pero lo normal, a falta de la correspondiente evaluación, es pensar que los profesionales sanitarios han abandonado esas prácticas independientemente de que estuvieran en el catálogo para sustituirlas por otras más actuales, modernas, y, generalmente, igual o más caras.
Así que la otra opción no parece que esté en gastar menos (algo difícil, no solo por estas apreciaciones, sino porque ya el sistema sanitario público español dedica recursos muy por debajo de la media de los países de niveles de desarrollo similar), sino en empezar a cobrar.
El primer sitio para hacerlo podría ser la prestación farmacéutica. Parece la línea de menos resistencia, porque ya se paga (el 40% los trabajadores activos, el 30% los funcionarios aunque estén jubilados). La idea, según se puede deducir de lo dicho por Montoro, sería cambiar el sistema para que se pague más o menos en función de los ingresos, y no de la situación (es el famoso ejemplo de que un millonario jubilado no paga y un parado, sí). Esto tiene muchos problemas prácticos (qué pasa si el parado deja de estarlo, o si el jubilado millonario se arruina), pero sería fácil de explicar.
Pese a ello, parece que es lo que está estudiando el Gobierno. O, al menos, lo que se deduce cuando Montoro habla de progresividad, o cuando Luis de Guindos dice que quienes ganen más de 100.000 euros (menos del 1% de la población) paguen parte de las prestaciones.
Está, también, la idea de cobrar cantidades fija por servicio. Es lo que Cataluña ha aprobado (aunque todavía no se aplique) con la tasa de un euro por receta. Esta medida podría aportar unos 900 millones de euros si se aplicara a todo el país y a todos los pacientes sin excepciones.
Al margen de cuestiones como el impacto en la salud general, la injusticia de cargar en el enfermo –rico o pobre- el gasto o de que ya los ciudadanos, solo por pagar impuestos, abonan la asistencia sanitaria, introducir otras tasas (por consulta, por ir a urgencias, por día de hospitalización) tampoco aportaría grandes cantidades si se usaran parámetros similares a los de otros países europeos. A 10 euros el día ingresado, se obtendrían unos 420 millones; a 10 la visita a urgencias, unos 270 millones; a 10 euros la consulta en primaria, 820 millones. Todo ello suponiendo que no haya excepciones y se mantenga el ritmo de frecuentación actual.
Total, si no hay nuevos recortes de sueldos, los 6.000 millones parecen muy difíciles de alcanzar con las medidas ya conocidas y probadas: 1.500 millones en proveedores y 2.410 millones aplicando todos los copagos posibles en los términos expuestos supondrían 4.000 millones. La pregunta está en saber si los ciudadanos lo aguantarían, y, aun de ser así, de dónde sale el resto. Las respuestas se esperan el próximo miércoles, después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
EL PAÍS
