domingo, 21 de julio de 2013

La marea blanca vuelve a la calle con más fuerza que nunca



HA CONCLUIDO CON UN ABRAZO A LA PUERTA DE ALCALÁ

La marea blanca vuelve a la calle con más fuerza que nunca

La marea blanca de la Sanidad ha vuelto a la calle en la ciudad de Madrid. Esta vez reforzada por la decisión de los tribunales de paralizar la externalización prevista por el gobierno de Madrid.


 Video: laSexta.com

laSexta.com/Agencias  |  Madrid  | Actualizado el 21/07/2013

Una nueva manifestación de la 'Marea Blanca' en defensa de la sanidad pública ha recorrido este domingo un fragmento de la calle Alcalá de Madrid, donde han celebrado la paralización cautelar del proceso de externalización sanitaria que lleva a cabo el Gobierno regional, concluyendo la movilización con un 'abrazo' a la Puerta de Alcalá.

La marcha, que se ha iniciado a las 10:30 horas, partiendo de la Plaza de Cibeles y culminado en la Puerta de Alcalá, celebrando una victoria que empuja aún más los motivos para seguir protestando por una sanidad pública de calidad y universal en la comunidad madrileña. Los manifestantes han insistido en que "hay que seguir luchando hasta que se paralice por completo".

"Abracemos la calidad pública y universal" ha sido el lema principal de esta nueva convocatoria. A diferencia de anteriores ediciones, en esta ocasión se ha adelantado la hora de celebración de la marcha para evitar que los asistentes sufrieran por las altas temperaturas.
El encuentro ha concluido con la banda 'Solfónica', interpretando nuevamente canciones tradicionales pero con una letra adaptada para las demandas del colectivo. 

La marcha se ha producido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidiera suspender de forma provisional el proceso de externalización de la gestión de los seis nuevos hospitales (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, el del Tajo, el del Henares y el del Sureste), tras un recurso presentado por el PSM.

Por su parte, la Consejería de Sanidad presentó alegaciones a esta medida decretada por el TSJM en relación con la corrección de errores de los pliegos basada en introducir la palabra 'anual' en la parte relativa a las garantías exigidas a las licitadoras. Con ello espera que se levante la medida cautelar.
Con sus alegaciones, Sanidad estimaba que esa corrección favoreció la concurrencia de los licitadores y recalcaba que las partes directamente implicadas en el proceso recurrieron o impugnaron el pliego de condiciones.

Además, el Gobierno regional sostiene en esas alegaciones que el PSM no está legitimado para recurrir el proceso porque ello sólo puede realizarse por las partes directamente implicadas en el proceso.
Al respecto, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseveró recientemente que el PSM "sólo tiene un interés político y partidista" y que la falta de legitimidad de los socialistas para recurrir viene recogida en la jurisprudencia del propio TSJM, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Esta ha sido la séptima marea blanca del año, aunque todos los integrantes continuaran con su lucha y con actos simbólicos, como el que ha ocurrido este domingo en la Puerta de Alcalá.

jueves, 4 de julio de 2013

Madrid consuma la privatización de seis hospitales durante una década

  • El Gobierno madrileño entrega de forma oficial a manos privadas la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos
  • Los trabajadores del sector sanitario, que han mantenido una actitud combativa contra la privatización, dicen tener una sensación “agridulce”
  • La imputación de la cúpula sanitaria madrileña les reconforta pero lamentan que el proceso siga adelante.

La gestión de otros seis hospitales madrileños construidos con dinero público ya está oficialmente en manos privadas. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha dado cuenta este jueves de la adjudicación para los próximos 10 años a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL. De esta forma se consuma el mayor proceso privatizador de la sanidad española.

En concreto, Hima San Pablo gestionará el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Unión Temporal de Empresas en la que participa Ribera Salud hará lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionara el Hospital del Henares. En rueda de prensa, el consejero de Sanidad ha remarcado la “transparencia” de un proceso muy contestado en la calle por un sector, el sanitario, tradicionalmente conservador y poco dado a la movilización. El Gobierno regional ha estado solo en este proceso. Ningún partido ni organización social, profesional o sindical le ha apoyado.

Según ha explicado el consejero, y recoge Europa Press, las empresas gestoras de los seis hospitales se han comprometido a ampliar las consultas e intervenciones quirúrgicas en horario de tarde, al tiempo que, ha dicho, mantendrán e intensificarán las de la mañana.

Una sensación “agridulce”

Médicos, enfermeros, auxiliares, personal administrativo, cocineros… Todos han remado juntos durante los últimos meses en huelgas y manifestaciones. Y ahora, cuando el mayor plan privatizador de la sanidad pública desafía con hacerse irreversible, los profesionales no pueden evitar sentir una sensación “agridulce”.
Esa es la palabra con la que define el estado de ánimo de los trabajadores Patricia Alonso, geriatra y directiva de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las principales organizaciones impulsoras de la marea blanca contra la privatización de la gestión sanitaria en Madrid. “Ha habido una falta de interés clara por buscar el consenso. La consejería ha pasado por encima de nuestras protestas como una apisonadora”, denuncia. En este sentido, recuerda las decenas de manifestaciones, las jornadas de huelga y el millón de personas que firmaron contra este proceso en una consulta popular. No obstante, asegura que la reciente admisión a trámite de la querella presentada por su asociación contra la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización les da fuerzas para continuar.

Además de esta querella, que avanza por la vía penal, y que está dirigida contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz), hay en marcha otros recursos por la vía contencioso administrativa contra los pliegos de este concurso. “Confiamos plenamente en la Justicia. Y esperamos que el proceso pueda suspenderse”, dice Alonso.

El doctor Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), recuerda, además de estos recursos, el compromiso de los partidos de la oposición de revertir el proceso si llegan al Gobierno. “Definitivo no hay nada, pero este es un paso más en la línea que persiguen González [el presidente autonómico] y Lasquetty [consejero de Sanidad]“, asegura.
No obstante, la premura con la que el Ejecutivo regional parece querer concluir el proceso, responde para profesionales y usuarios a un objetivo concreto: ganar tiempo y condicionar la decisión de los tribunales. Según fuentes conocedoras del proceso, la firma de los contratos está prevista para el próximo 31 de julio. Y las empresas podrían instalarse en los hospitales a partir de septiembre y por un período de diez años.
En las organizaciones sindicales también existe la esperanza de que la Justicia paralice las adjudicaciones. “Es llamativa la premura de los tiempos, casi los mínimos que acepta el concurso, aunque también lo que parece casi un empeño por ir a buscar a las empresas”, dice Rosa Cuadrado, responsable de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid. Sindicatos, partidos de la oposición y otras organizaciones han criticado que este proceso ha sido más “un reparto” que una licitación “seria”. Y han mostrado su extrañeza por el hecho de que no haya habido competencia, pues cada una de las tres empresas optó por hospitales diferentes.

Además, las modificaciones que la Consejería de Sanidad incluyó en el último momento a las condiciones del concurso fue interpretada por algunos sectores como intento de hacer más favorables los pliegos para evitar la falta de ofertas.

Desfinanciación de lo público 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha mantenido una actitud muy beligerante contra un proceso que, aseguran, viene acompañado por una “desfinanciación progresiva” de la sanidad pública. De hecho, denuncian que el presupuesto sanitario per cápita en Madrid ha permanecido sistemáticamente por debajo del promedio de todas las comunidades autónomas. Y señalan que si desde 2010 a 2013 el presupuesto per cápita hubiera sido el de la media de las comunidades, en Madrid se habrían destinado a la sanidad 2.569,29 millones de euros más. Para 2013, el presupuesto de la sanidad madrileña asciende a los 7.059 millones de euros, un 0,9% menos que el año anterior.

Leído en: infolibre.com

Sanidad cree que el número de grandes dependientes es falso

Un informe del Ministerio defiende que hay un "número elevado de personas reconocidas con grado III" debido al "uso inapropiado del baremo de valoración". Sindicatos denuncian que este argumento le sirve a Mato para "justificar los recortes"
La Evaluación 2012 del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará mañana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del ramo, considera que hay un "elevado" número de personas declaradas grandes dependientes (grado III) y lo atribuye a "un uso inapropiado del baremo de valoración" con el que se diagnostica la situación que tiene cada persona.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los datos del SAAD entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 y señala que de 1,26 millones de personas valoradas y con derecho a prestación, 394.777 estaban localizadas en el grado III, un 31,27%, que es "casi el doble de lo previsto" en el Libro Blanco de la Dependencia, redactado en 2007. "A 31 de diciembre de 2011 este porcentaje era aún mayor: el 33,74% de personas reconocidas en grado III (431.811 beneficiarios)", expone el documento, que destaca no obstante que, "en este año ha descendido en 2,5 puntos porcentuales" el peso de la población con un mayor nivel de dependencia.

Sin embargo, horas después de que se difundiera el estudio, el Ministerio de Sanidad negó esas consideraciones y aseguró que el informe de la Evaluación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que votará este jueves el Consejo Territorial del ramo no recogerá esa apreciación. 
Sanidad niega las consideraciones del estudio y dice que el informe que se vota hoy no incluirá esas apreciaciones
De hecho, otro estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son "expulsadas" diariamente del Sistema, según ha indicado esta mañana el presidente del colectivo, José Manuel Ramírez. El XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013 revela también que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.
 
No obstante, el texto del Ministerio recoge "posibles causas de esta situación" que "se resumen en el uso inapropiado del baremo de valoración" aunque, conforme explica, "puede ser que confluyan también otros factores" como "que se han realizado reconocimientos de grado mediante la denominada 'pasarela' de personas ya atendidas". "Otra razón de este número tan elevado de personas reconocidas en grado III pudiera ser que la financiación viene directamente relacionada con el grado de dependencia reconocido", plantea el departamento dirigido por Ana Mato.
 
Por su parte, Ramírez ha pedido a la titular de Sanidad que "no alardee" de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941, el 1 de enero de 2012, a 213.824, el 31 de mayo de 2013, ya que, según ha apuntado, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera. Concretamente, ha denunciado que esta reducción es consecuencia de: "impedir que nuevos dependientes accedan al sistema", como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones "a la baja" del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.

Precisamente, Ramírez ha señalado que, si tuviera la oportunidad de preguntar a la ministra del ramo, Ana Mato, le cuestionaría sobre el número de revisiones de grado que, según ha remarcado, les consta que han sido "masivas y sangrantes" en algunas comunidades autónomas. "Las decisiones de este Gobierno han dado la puntilla para que la Ley (de Dependencia) muera por inanición", ha insistido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "mentir con medias verdades", de "jugar con los datos" y de "ocultar restricciones al acceso" al Sistema.

La evaluación del Ministerio dedica un capítulo a comparar el sistema de dependencia español con los de Alemania, Austria y Francia y, tras destacar que los baremos muestran "importantes diferencias" en cada uno, asegura que "sin duda el más generoso es el español". Según afirma, con los criterios que aplican los alemanes 163.000 personas atendidas en España se quedarían fuera del sistema y en Francia, 463.000 no llegarían a entrar. En este país se excluye de la atención a la dependencia a las personas menores de 60 años y no tienen grado I en su clasificación. "Si nos centramos en los casos de Alemania y Austria, los más parecidos a España, tenemos que las personas valoradas en grado III son un 11,9 y un 15,66%, respectivamente, mientras que en España este porcentaje, a 1 de enero de 2013, se eleva al 31,27%", explica el informe.

 Sindicatos y oposición, contra la "opacidad" del Ministerio

El PSOE y los sindicatos CCOO y UGT, por su parte, han denunciado que el Ministerio de Mato, lejos de aclarar los datos sobre Dependencia, los ha manipulado con "opacidad".
Los representantes de los trabajadores consideran que la propuesta de evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012 presentada este miércoles en la reunión del Pleno del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia supone "una apología a los logros obtenidos a través de las últimas reformas del sistema". "El Ejecutivo justifica los recortes económicos, lejos de reflejar la merma en la protección de las personas dependientes y en la calidad del sistema, de analizar la situación en que se encuentra el SAAD, y las consecuencias que han tenido estas decisiones políticas", lamentan CCOO y UGT.

Asimismo, acusan al Ejecutivo de "falta de transparencia" en la gestión de las cuentas públicas al presentar una evaluación donde no aparecen identificadas las comunidades autónomas cuando se desglosan distintos datos "bajo la excusa de que las competencias en servicios sociales son exclusivamente autonómicas" cuando, según explican los sindicatos, una parte del SAAD lo financia el Gobierno central a través de transferencias. Por todo ello, consideran que esta evaluación es "una oportunidad perdida para abordar los verdaderos problemas del Sistema de Dependencia" que, a su juicio, son la reducción de la financiación y la reducción de la protección social.

En la misma línea se expresó también la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso en materia de Asuntos Sociales, Rosa Aguilar, que ha acusado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de "maquillar" y "ocultar" datos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que, según un informe presentado este miércoles por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha retrocedido a niveles de 2009.

"El Gobierno está maquillando y ocultando los datos para no decir la verdad. Mientras dice que baja la lista de espera, lo que tendría que causarle vergüenza política decir, lo que se constata con los datos es que esa lista baja porque hay personas que se están muriendo y no hay tasas de reposición y porque hay personas a la que les están revisando el grado de dependencia y las están expulsando", ha declarado a Europa Press.

Para Aguilar, "la ley tiene los días contados como consecuencia de las políticas del PP". "No creyeron nunca en la ley y en el momento en que llegaron al Gobierno empezaron a desmantelarla paso a paso y ahora lo que están haciendo es enterrarla con un recorte que cada vez lo pone más difícil a las personas que necesitan más", ha añadido.

 http://www.publico.es

Las ayudas autonómicas para discapacidad se redujeron más de un 60%



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Mario García, ha denunciado este jueves que las ayudas que las comunidades autónomas destinan al sector de la discapacidad se han reducido "entre un 60 y un 70 por ciento" en los dos últimos años e "incluso hay algunas partidas que se han eliminado por completo".

   "La eliminación o la drástica reducción de ayudas y subvenciones, junto al descenso en la financiación privada, está provocando que este colectivo vea mermados programas servicios, recursos y dispositivos de apoyo directo al colectivo que únicamente prestan las organizaciones de discapacidad, puesto que las administraciones no lo hacen", explica García.

   En un comunicado, apunta que, además, "las organizaciones de discapacidad llevan años sufriendo retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación de servicios sociales básicos" y, en este sentido, celebra que por fin se haya aprobado un plan de apoyo a las ONG que transferirá fondos para que las administraciones públicas puedan saldar las deudas que con ellas han contraído.

   "Era muy necesario puesto que llevamos años sufriendo retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación de servicios sociales básicos que son imprescindibles para mantener la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad, para fomentar su integración y normalización en la sociedad o para defender sus derechos", ha añadido.

   Así, confía en que el plan, junto al resto de medidas adoptadas en relación al Fondo de Liquidez Autonómica, "sirva para saldar las deudas pendientes" y para que "se reactiven los apoyos que las administraciones autonómicas proporcionaban a este sector y que han eliminado o reducido drásticamente".

El PP de Castilla y León cede a la presión y reabre las urgencias médicas nocturnas

En octubre pasado, el Gobierno regional decretó el cierre del servicio nocturno de 17 centros de salud de la región para ahorrarse 1,5 millones de euros.
En estos ochos meses se han mantenido concentraciones, manifestaciones y vigilias diarias para impedirlo.
El PSOE ha buscado de forma constante esta marcha atrás y lo consigue en el último Debate del Estado de la Región. 
Fiesta organizada en Villarino de los Aires (Salamanca) para celebrar la reapertura de las urgencias médicas.
Fiesta organizada en Villarino de los Aires (Salamanca) para celebrar la reapertura de las urgencias médicas.


No se tiene claro en qué momento Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, se dio cuenta de la presión popular. Tampoco si ha sido una imposición del PSOE de esta Comunidad Autónoma para que apoyara la Ley de Ordenación del Territorio. Pero lo que está claro es que con fecha 1 de julio se han reabierto las urgencias nocturnas que durante ocho meses han cerrado en 17 consultorios médicos rurales.

En alguno de ellos, como el caso de las salmantinas Arribes del Duero, la comarca que más guerra ha dado contra este cierre, incluso se han echado a la calle para celebrarlo. Charangas, bailes… Y es que han sido más de 200 noches en vilo para evitar este cierre. Y ahora lo han conseguido. Aunque todavía quedan algunas dudas o sospechas, sobre todo las que parten de algunos medios de comunicación que dejan sombras.

Sin embargo, los dos principales partidos en las Cortes regionales han dado un giro sin precedentes en la política de Castilla y León. Han hecho que un Debate del Estado de la Región sirva para escenificar el acuerdo, todo ello capitaneado por Juan Vicente Herrera (PP) y Óscar López (PSOE).

En el acuerdo se ha concretado que se constituya un “grupo de análisis de carácter paritario” que ya se ha reunido con el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, para fijar el ritmo de reapertura. En un principio, se van a reabrir entre ocho y nueve consultorios. Y después de verano, el resto.

Si la Junta de Castilla y León había utilizado los argumentos económicos para ordenar el cierre de esos servicios, ahora acepta que el coste de la reapertura corra a cargo de una parte de los fondos que el Ejecutivo regional recupere al ampliarse el objetivo de déficit para este año.

Ahora, ocho meses después, se pueden recordar las justificaciones que daba el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, cuando dijo que esos servicios eran poco utilizados y que, en algún caso, “sólo había un paciente por noche” y que cerrándose los 17 consultorios se iban a ahorrar 1,5 millones de euros.

Y es que en octubre se conoció que iban a ser 81 municipios de Castilla y León los perjudicados por el cierre del servicio de urgencias nocturnas de 17 centros rurales, algunos en zonas rurales que hacen más complicado los traslados.

Desde entonces, se han sucedido manifestaciones, concentraciones, vigilias en los propios centros de salud, declaraciones más o menos afortunadas o denuncias judiciales, todas ellas archivadas. Pero los vecinos no han cejado en su empeño.

Y ahora, ocho meses después de abrir una batalla, la Junta de Castilla y León, la misma que lo decidió, da marcha atrás. O por presiones políticas o vecinales.

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