viernes, 28 de diciembre de 2012
Una quincena de miembros del 15-M se encierran en Sanidad
jueves, 27 de diciembre de 2012
Manifestación bajo el lema: "Salud 24 horas pública y gratuita".
Manifestación el Sábado 29 de diciembre a las 12.00 horas.
"MAREA NEGRA" bajo el lema: Salud 24 horas pública y gratuita. Los pueblos de Castilla y León quieren vida!
sábado, 22 de diciembre de 2012
Los médicos son los Robin Hood griegos
Liz Alderman - 2012-12-21
Las sucesivas medidas de austeridad han dejado a cientos de miles de griegos desempleados sin seguro médico, una situación de desesperación que intenta paliar una red clandestina de médicos.
El Dr. Kostas Syrigos, jefe del mayor servicio de oncología de Grecia, creía haberlo visto todo. Pero jamás había visto un caso como el de Elena, una mujer en paro a la que le habían diagnosticado un cáncer de pecho un año antes de que acudiera a él. Para entonces, el cáncer había crecido hasta tener el tamaño de una naranja y había atravesado la piel, dejándole una herida que le supuraba y se limpiaba con servilletas de papel. “Cuando la vimos nos quedamos sin palabras”, cuenta el Dr. Syrigos, jefe de oncología del Hospital General Sotiria, en el centro de Atenas. “Todo el mundo lloraba. Cosas así se describen en los libros de texto, pero nunca se ven porque, hasta ahora, cualquier persona que enfermaba en este país siempre podía obtener ayuda”.
Desde que se desencadenó la crisis de la deuda, la vida ha dado un vuelco en Grecia. Pero en pocas áreas el cambio ha sido tan drástico como en la sanidad. Hasta hace poco, Grecia contaba con un sistema sanitario normal. Las personas que perdían su empleo recibían asistencia sanitaria y subsidios de desempleo durante un año, pero seguían recibiendo asistencia en los hospitales si no podían pagar incluso después de que se les acabaran los subsidios.
Las cosas cambiaron en julio de 2011, cuando Grecia firmó un acuerdo de préstamo complementario con los prestamistas internacionales para evitar el hundimiento financiero. Ahora, tal y como se estipuló en el acuerdo, los griegos deben pagar de su bolsillo todos los gastos cuando dejen de percibir los subsidios.
"Estar desempleado equivale a la muerte"
Alrededor de la mitad de los 1,2 millones de griegos desempleados de larga duración carecen de seguro sanitario, una cifra que se espera que aumente en gran medida en un país con una tasa de desempleo del 25% y una economía moribunda, como afirmaba Savas Robolis, director del Instituto Laboral de la Confederación General de Trabajadores Griegos.
Con los cambios cada vez más personas se ven obligadas a buscar ayuda fuera del sistema sanitario tradicional. Elena, por ejemplo, fue remitida al Dr. Syrigos por un grupo de doctores de un movimiento clandestino que ha surgido aquí para asistir a los que carecen de seguro.“En Grecia, ahora mismo estar desempleado equivale a la muerte”, comentaba el Dr. Syrigos, un hombre con una presencia imponente y un tono severo que se suaviza cuando habla sobre la difícil situación de los pacientes con cáncer.
Esta situación es nueva para los griegos y quizás para Europa también. El cambio es especialmente asombroso en la asistencia oncológica, con sus tratamientos prolongados y costosos. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, “el sistema simplemente hace caso omiso de ella”, afirmaba el Dr. Syrigos. “No puede acceder a la quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos”, explicaba.
El sistema sanitario es cada vez más deficiente y puede empeorar si el Gobierno recorta 1.500 millones de euros más en el gasto sanitario, que es una de las propuestas de un nuevo plan de austeridad cuyo fin es garantizar más financiación. Con las arcas del Estado vacías, los suministros sanitarios escasean tanto que algunos pacientes se han visto obligados a llevar sus propios suministros para los tratamientos, como los stents o las jeringas.
Una iniciativa con fecha de caducidad
Los hospitales y las farmacias ahora piden el pago en efectivo de los medicamentos, algo que para los pacientes de cáncer puede suponer decenas de miles de euros, un dinero que la mayoría no tiene. Con el deterioro del sistema, el Dr. Syrigos y varios compañeros decidieron actuar.
A principios de este año, crearon una red clandestina para ayudar a los pacientes con cáncer sin seguro y otras personas enfermas, que funciona fuera de la red oficial y utiliza los medicamentos sobrantes que donan las farmacias, algunas empresas farmacéuticas o incluso las familias de pacientes con cáncer que han fallecido. En Grecia, si se descubre que un médico ayuda a un paciente sin seguro utilizando medicamentos del hospital, se le obliga a pagar los costes de su propio bolsillo.
“Somos como una red de Robin Hoods”, comentaba el Dr. Giorgos Vichas en la Clínica Social Metropolitana, a las afueras de Atenas. Vichas es un cardiólogo que fundó el movimiento clandestino en enero. “Pero esta operación tiene una fecha de caducidad”, señalaba. “Llegará un momento en el que la gente ya no pueda donar, por la crisis. Por eso estamos presionando al Estado para que vuelva a asumir la responsabilidad”.
Mientras hablaba, apareció Elena, con un turbante gris en la cabeza y una blusa holgada. Llegó a que le dieran fármacos para soportar las consecuencias de la quimioterapia que le administró recientemente el Dr. Syrigos.
Hacer renacer el optimismo
Elena nos contó que se quedó sin seguro al dejar su trabajo de profesora para poder cuidar de sus padres, que también padecían cáncer, y de un tío enfermo. Cuando murieron, la crisis financiera ya había estallado en Grecia y, con 58 años, le fue imposible encontrar trabajo.
Comenta que se aterró cuando le diagnosticaron el mismo tipo de cáncer de pecho que mató a su madre: le dijeron que los tratamientos costarían al menos 30.000 euros y ya no contaba con ningún dinero de la familia. Intentó vender un pequeño terreno, pero nadie lo compró.
El cáncer se extendió y no pudo encontrar ningún tratamiento hasta hace unos meses, cuando acudió a la clínica clandestina del Dr. Vichas tras haber sabido de ella por el boca a boca. “Si no pudiera venir aquí, no haría nada”, afirma. “En Grecia hoy en día tienes que firmar un contrato contigo mismo en el que te comprometes a no enfermar”.
Comenta que le dejó consternada que el Estado griego, como parte del rescate, negara un pilar de protección a la sociedad. Pero el hecho de que un grupo de médicos y de griegos normales se estuvieran organizando para echar una mano allí donde el Estado había retirado su ayuda, le dio esperanzas en sus horas más sombrías. “Aquí siempre hay alguien que se preocupa”, comentaba Elena.
Según el Dr. Vichas, la terapia más poderosa puede que no sean los medicamentos, sino el optimismo que este grupo de Robin Hoods aporta a los que casi se han rendido. “Con la crisis hemos aprendido a unirnos más”, afirmaba.
“Esto es la resistencia”, añadía, recorriendo con la mirada a los voluntarios y a los pacientes que se agolpaban alrededor de la clínica. “Es una nación, un pueblo que se vuelve a poner en pie con la ayuda que se prestan unos a otros”.
Los patrocinadores de la Marca España atentando contra los derechos humanos.
MANIFIESTO PARA LA REFORMA DEL ART. 318 bis DEL CÓDIGO PENAL QUE CASTIGA CON PENAS DE CÁRCEL A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR Y A QUIENES LES PRESTEN SERVICIOS REMUNERADOS.
“SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).
El Ministro de Justicia ha elaborado un Anteproyecto de reforma del Código penal. En él se describen conductas castigadas con penas de cárcel a quienes de
manera humanitaria apoyen a personas extranjeras (“no nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea”) en situación irregular. Estas conductas se describen en el art. 318 bis del Código Penal:
1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años. “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Si los hechos se cometen con ánimo de lucro se impondrá en su mitad superior.
2.- El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un estado Miembro de la Unión europea a permanecer en el territorio de Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando lo legislación de dicho Estado sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.
Si entra en vigor la reforma del Código penal en estos términos supondrá que:
1º.- Las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios
de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten
por España serán considerados criminales: detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas. Se deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de acusar. Algo
grave, pues, como denuncia esta institución en el Informe que ha elaborado sobre
el anteproyecto, esta forma de criminalización es una opción de política criminal
del legislador.
También puede no hacerlo, diciendo que: “Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria”.
2º.- Las personas que ayuden a personas extranjeras en situación irregular a permanecer en España con ánimo de lucro, es decir, que p.e., contribuyan mediante el alquiler de una habitación o dispensen el menú del día a una persona inmigrante en situación administrativa irregular conociendo esta condición, podrán ser asimismo incriminadas.
3º.- Las personas extranjeras en situación irregular quedarán en la calle en situación indeseable de extremada precariedad, sin que nadie pueda apoyarles ni altruistamente ni cobrando por los servicios básicos prestados.
CONCLUSIONES
1.- El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión que supone su situación de precariedad absoluta vuelva a su país o se abstenga de entrar en él.
2.-El principio de humanidad no puede ser criminalizado. La asistencia humanitaria y la solidaridad no se pueden penalizar en ningún caso cuando son movidas por sentimientos de hospitalidad y altruismo. Todos los seres humanos tienen “el deber de comportarse fraternalmente los unos para con los otros” (art.1 DUDH), especialmente si se considera el derecho a la movilidad recogido en el art. 13 de la misma Declaración Universal”. Ni un Estado de Derecho ni sus ciudadanos pueden desentenderse de otros seres humanos de forma tan grosera. Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. La reforma legal propuesta tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor como es la solidaridad tan estructuralmente necesario en un Estado y más en situación de crisis.
3.- Deben sacarse del Código penal estos comportamientos, tanto la criminalización de conductas altruistas y humanitarias, como las que se realicen con ánimo de lucro cuando procuren que las personas que llegan o se encuentren en España puedan tener los mínimos para subsistir.
4.- La Directiva 2009/52/CE deja en manos de los Estados miembros la decisión
de no imponer sanciones cuando el objetivo de la conducta de prestar ayuda a personas en situación irregular sea de carácter humanitario. Parece más razonable y justo pedir al legislador que NO DEMONICE LA SOLIDARIDAD y que sea él quien de nuevo SALVE LA HOSPITALIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN no considerando delitos estos comportamientos movidos por razones humanitarias y altruistas.
ASI MISMO SOLICITAMOS QUE NO SE LEGISLE PARA DESATANDER SOCIAL E INSTITUCIONALMENTE LAS NECESIDADES BASICAS DE UN SER HUMANO QUE SE ENCUENTRE EN SITUACION IRREGULAR EN ESPAÑA.
Plataforma “salvemos las hospitalidad”
Quienes formamos esta plataforma acogemos en nuestras casas y /o apoyamos desde hace muchos años y de forma totalmente altruista a personas sin recursos económicos entre los que se encuentran personas migrantes en situación administrativa irregular.
Hemos iniciado la petición "Ministro de Justicia: Salvemos la Hospitalidad" y necesitamos que nos ayudes a hacerla despegar.
¿Tienes medio minuto para firmarla ahora mismo? Puedes hacerlo aquí:
http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-justicia-salvemos-la-hospitalidad
PLATAFORMA “SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”
Pilar Sánchez Álvarez. Abogada.
José Luis Segovia Bernabé. Profesor de Universidad. .
Higinio Pi Pérez, sacerdote jesuita
Andrés Martínez Arrieta. Magistrado
María Dolores Rodríguez López-Peláez, ciudadana.
Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad.
Javier Baeza Atienza, cura.
Juan Medina. Fotoperiodista.
Margarita Martinez Escamilla. Catedrática de Derecho Penal Universidad complutense
Roberto Borda de la Parra. Voluntario asociación.
Daniel Villanueva Lorenzana, Trabajador en Cooperación al Desarrollo.
Siro López. Artista
Chelo Millán. Educadora de calle
Miguel Santiago. Profesor de Instituto.
Ramón Saez Valcárcel. Magistrado.
Seve Lázaro. Pueblos Unidos
Daniel Izuzquiza Regalado. Profesor de Universidad
Josep Buades Fuster, Sacerdote.
Iván Pérez del Río Estudiante
Elías López Pérez. Psicólogo.
Miguel Angel Tocino. Ciudadano
Brígida Moreta Velayos. Responsable proyectos de acogida de población africana.
Julián Ríos Martín. Profesor de Universidad.
jueves, 20 de diciembre de 2012
¿Hasta cuándo vamos a consentir que nos sigan atracando?
¿Hasta cuándo vamos a consentir que nos sigan atracando?
Además de los casi 6 millones de parados, la tiránica explotación laboral y salarial, más conocida en los eufemísticos e hipócritas mentideros mediáticos, mercantiles, financieros y políticos como “flexibilización laboral”; los recortes en prestaciones tan básicas como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que en si mismas ya son sobradamente sangrantes, cada día millones de ciudadanos, despojados de nuestros más elementales derechos constitucionales y humanos, nos enfrentamos en la práctica, por enumerarlo de una forma desordenada y para que seamos conscientes de la brutalidad todavía silenciosa, que unos y otros, TODOS, estamos soportando, a las siguientes subidas, congelaciones, depreciaciones, pagos, repagos, o mejor dicho, al siguiente atraco.
Subida de luz, gas y comunicaciones.; subida del IPC; pago de diferencial de energías; pago por receta; desaparición de medicamentos con cobertura, -la inmensa mayoría de los generalmente utilizados-; pago porcentual por recetas de medicamentos; tasas judiciales; subida de matrículas escolares, actividades extraescolares, comedores escolares, transporte escolar, pago por ambulancias y medicamentos suministrados en asistencia ambulatoria; pago por entrega y recogida de hijos en centros de encuentro para padres separados; pago por revisiones de dependencia y certificados. reducciones salariales, congelaciones, supresión de pagas extra a funcionarios; desvalorización de pensiones; pago por ayudas ortoprotésicas, minoración de un 15% general en ayudas a la dependencia, que puede llegar al 90% en algunos casos, supresión de aportación de cuotas a la SS de cuidadores de personas en situación de dependencia, que habrán de pagarse ellos mismos o renunciar a ellas; subida de tasas universitarias; subida de transportes urbanos e interurbarnos, implantación de impuestos en basura en algunos municipios, donde éstos se venían ya pagando a través del IBI; subida del IBI; subida del IVA; multas y sanciones por manifestarse pacíficamente en las calles; recortes de subvenciones sociales; subida de precios de residencias de tercera edad y discapacidad; recorte de las prestaciones de desempleo; céntimo sanitario, que son 5 céntimos en subida de gasolina para revertir en sistema de salud en algunas comunidades autónomas como la de Castilla y León; subida de los centros de día, pago por asesoría jurídica a inmigrantes por parte de los servicios sociales, cuando antes era gratuita; pagos de alquileres o hipotecas, siempre y cuando no se haya caído en situación de desahucio; incremento de productos alimenticios, cada vez más insuperables para quienes se ven obligados a hacer frente a los anteriores gastos; precios prohibitivos en la participación de actividades culturales, deportivas o de ocio; pagos por estacionamiento de vehículos; impuestos de circulación; pagos en autopistas; cuantos más, posiblemente muchos, que desconozca o se me hayan olvidado.
¿Hasta cuándo vamos a consentir que nos sigan atracando?
Mª Ángeles Sierra.
martes, 18 de diciembre de 2012
El TC da la razón al País Vasco en la sanidad para los 'sin papeles'
Sí se mantendrá la suspensión cautelar de las medidas autonómicas relacionadas con el copago farmacéutico.
El copago farmacéutico seguirá suspendido como medida cautelar en el País Vasco.Europapress
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El PSOE estudia recurrir al TC el fin de la sanidad para los sin papeles
Ahora el Tribunal ha acordado levantar la suspensión cautelar sobre algunos de los preceptos recogidos en ese decreto vasco. En concreto, sobre el derecho a que los inmigrantes ‘sin papeles' puedan ser atendidos en el sistema de salud público vasco, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.
El pleno del Tribunal Constitucional atiende a los argumentos del Gobierno Vasco, cuyos letrados argumentaban que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la "prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad".
La Abogacía del Estado basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público. El Tribunal Constitucional recuerda que la Abogacía del Estado no concreta cuáles son esos perjuicios económicos, "seguramente porque ello no sea posible, entre otras razones, al poder darse la eventualidad de que se produzca sencillamente una transferencia de gasto de la atención primaria a la atención de urgencias".
El Alto Tribunal afirma que el "derecho a la salud y el derecho a la integridad física" de los inmigrantes ‘sin papeles' y la "conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad" tienen una "importancia singular en el marco constitucional" que no puede verse "desvirtuada" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".
Mantienen la suspensión del copago farmacéutico
Sin embargo, el Pleno del Constitucional mantiene la suspensión de aquellos preceptos del citado decreto vasco relacionados con el régimen del copago farmacéutico. En concreto, del artículo que reduce el porcentaje de contribución al pago de medicamentos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud en el País Vasco y que amplia los sujetos beneficiarios de la exención al copago, entre los que figuran los pensionistas, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, las personas con tratamientos por accidentes de trabajo o los parados que hayan perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo, entre otros.
En este aspecto, el Tribunal Constitucional recuerda que la Abogacía del Estado ha aportado datos económicos sobre evolución del gasto farmacéutico en Euskadi que ponen de manifiesto la existencia de un incremento del gasto durante el tiempo que estuvo vigente el decreto impugnado, un aumento que "fue en paralelo a una disminución del gasto en las autonomías" donde se ha aplicado íntegramente la normativa estatal.
El Tribunal Constitucional considera que ello demuestra que el levantamiento de la suspensión cautelar tendría un "perjuicio económico" para el control del déficit y afirma que el Gobierno Vasco no aporta argumentos suficientes, ni datos que permitan inferir que no aplicar la resolución impugnada vaya a provocar una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica "que revierta en una lesión del derecho a la protección de la salud".
El PP pide que se identifiquen a los extranjeros con derecho a sanidad pública
El PP insta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como a las comunidades autónomas, a velar por la adecuada actualización e intercambio de información de las bases de datos para que las personas aseguradas en otros estados miembros y que residan en España, con derecho a la asistencia sanitaria pública, estén correctamente identificadas y registradas en las mismas. Se trata de una de las propuestas de resolución formuladas por los 'populares' en relación con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria, derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social, y que será debatida este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con este tribunal.El objetivo de esta propuesta, es que la expedición de la tarjeta sanitaria individual se realice por las administraciones sanitarias competentes adecuadamente. De igual forma, el PP pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Ministerio competente a mantener una "estrecha colaboración" en el intercambio de información, que permita detectar cuanto antes las situaciones irregulares y errores que se puedan producir en los datos contenidos en las correspondientes bases de datos. En este sentido, desde CiU se manifiesta la necesidad de modificar el decreto ley de abril de 2012 de reforma sanitaria con el fin de mantener la universalización del derecho a la sanidad de todos los ciudadanos y de las personas con permiso de residencia, manteniendo también el derecho a la atención primaria a cualquier persona que lo requiera.
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