“No tenéis derecho a robar a discapacitados”

 

Miles de personas, entre dependientes, sus familiares y trabajadores de los centros de atención, se manifiestan ante las Corts para reclamar el pago de 50 millones que les debe el Consell La Cámara ordena cerrar sus puertas ante la sonora protesta

Por SERGI PITARCH VALENCIA

Los discapacitados físicos e intelectuales de la Comunitat Valenciana estallaron ayer ante las Corts por los impagos de la Generalitat, que ya podrían superar los 50 millones de euros. Unas 6.000 personas, entre dependientes, sus familiares y trabajadores de los centros de atención, inundaron de pitidos y pancartas las calles Muro de Santa Ana y Navellos (frente a la Cámara valenciana) para reclamar el pago de las subvenciones que, en algunos casos, se demoran más de seis meses.

No hubo incidentes durante la protesta matutina, aunque el cierre de la entrada del Palacio de Benicarló ordenado por la seguridad de la Cámara, Juan Cotino, indignó a los concentrados, que acabaron aporreando la puerta y gritando: "Robar el dinero a los discapacitados, no tenéis derecho" o "pedimos justicia, no caridad". La mediación de una veintena de diputados de la oposición, que secundaron la protesta, motivó que los empleados de las Corts volvieran a abrir el acceso.

La convocatoria de ayer, impulsada por la Mesa por la discapacidad, fue la más multitudinaria que se recuerda protagonizada por este grupo de ciudadanos. Además de los cánticos, los manifestantes llevaban ataúdes y esquelas por la "defunción" de la atención a la discapacidad, así como pancartas en las que se leía: "Vuestros recortes me acortan la vida", "dignidad y respeto para el sector de las personas con discapacidad", "¿dónde está el dinero presupuestado?", "¡si el que paga descansa, descansad ya!", "no a los recortes sociales", "sois la prima de riesgo del sector de la discapacidad. Pagad ya".

Tras la protesta ante las Corts, los manifestantes se concentraron en la plaza de la Virgen donde se leyó un manifiesto. Mientras llegaban los miles de discapacitados y sus familiares, pasaron por la zona los consellers Isabel Bonig, José Manuel Vela, Maritina Hernández y Lola Johnson, que aceleraron su marcha para no coincidir con ellos. El tribunal de las Aguas también siguió con su protocolo pese a los gritos.
La diputada Esther López (EU) denunció que la Delegación del Gobierno había intentado "amedrentar" a los manifestantes al "engañarles" con que ayer había pleno de las Corts. "Este aviso sólo tenía la intención de coartar la libertad de manifestación y disuadir a las entidades de acudir a quejarse", apuntó.

 

Fuente: Levante emv

30.000 personas han fallecido en Valencia sin cobrar la dependencia

 

Lo más terrible es cuando se tiene derecho a una ayuda económica y no hay manera de cobrarla. Eso le ocurre a miles de personas dependientes en la Comunidad Valenciana. Allí, en los últimos cinco años, han muerto 30.000 personas

 

Por Laura Cornejo/Javier Granel  

(Hacer clic sobre la imagen para poder visualizar el video.)

Ayudas concedidas pero que nunca llegan, es el caso de Clara, de cinco años. Apenas puede hablar por su enfermedad pero ya sabe contar. Ya son 2 los años que lleva esperando cobrar la dependencia. La mitad de su corta vida.

 

Su padre, Rubén Giménez, se lamenta de los elevados costes que tiene para él y su mujer la enfemedad de la niña. "Todo lo pagamos nosotros y no llega”, nos cuenta Rubén. Clara necesita un fisioterapeuta  y un gabinete psicológico y las becas, asegura su padre,  “son  de risa”.

 

Los padres de Clara están en paro. No tienen ascensor y Rubén sube y baja a su hija en brazos por las escaleras  siete  veces al día. Han presentado quejas y reclamaciones pero el Gobierno valenciano hace oídos sordos. Su expediente como el de Etelvina, sigue atascado.

 

A sus 102 años, Etelvina casi no oye y apenas puede moverse. Necesita atención las 24 horas. Su sobrina se encarga de ella, pero a día de hoy siguen esperando una ayuda que ya le concedieron. Los gastos para la familia ascienden a más de mil euros al mes.

 

Esperando esas ayudas, según la plataforma de afectados, han fallecido ya 30.000 personas en la Comunidad Valenciana en los últimos años. Calculan que hay 70.000 dependientes que tienen reconocida su situación pero sólo 40.000 reciben la prestación.

 

Unas prestaciones que ahora además ha sufrido un recorte del 15%. “Es un crimen que a las personas que mas lo necesitan, como son los dependientes, este año se les vaya a quitar mil millones de euros”, denuncia Miguel Martorell de la Plataforma Dependencia Alicante.

Fuente: La Sexta

 

 

 

 

 

 

 

 

A fuerza de grandes esfuerzos el CERMI se hizo del cuerpo.

Organizaciones sociales piden al Defensor recurrir reforma de la Dependencia.

Noticias EFE

 

(En la imagen un miembro de ADCD de Valladolid a las puertas de la Delegación del Gobierno,  tras la entrega del documento dirigido a la Defensora del Pueblo por más de 6000 personas en toda España)

Organizaciones de la discapacidad han pedido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma aprobada por el Gobierno, el pasado 13 de julio, de la Ley de la Dependencia.

El CERMI y la Asociación Derechos Civiles de Personas con Discapacidad y sus familias (ADCD) han reclamado a la institución que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno, que pretende fomentar los cuidados profesionales de los dependientes sobre los familiares, a los que bajará un 15 por ciento la paga.

Según un informe jurídico del CERMI, los cambios en la Ley de Dependencia "son contrarios a la Constitución", por lo que insta a la Defensora, con capacidad para dirigirse al Alto Tribunal, que asuma sus argumentos legales.

Además, la ADCD ha recordado que sigue esperando la respuesta de la Defensora al escrito presentado en el mes de agosto en el que formulaban esta demanda, después de que la institución le comunicara días después que había iniciado el estudio del asunto.

"Comienza más a parecernos una soledad forzada, a la que cada día miles de ciudadanos de este país nos vemos abocados por falta de esa protección institucional, que si bien, nos dispensan las leyes, también es cierto que nos arrebatan sus malas prácticas", lamenta el portavoz de esta asociación en una carta dirigida a Becerril.

La reforma revisa el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, aunque los que ya cotizan, "no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen", según explicó el Ministerio de Sanidad.

A estos cuidadores se les reduce un quince por ciento la prestación que reciben y se les exige unos conocimientos mínimos para concederles esa asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales. EFE

Fuente: Diario Vasco.com

Carta Pública a la Defensora del Pueblo

Más de 6.000 personas, dirigimos el pasado mes de agosto carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril demandando que interpusiera Recurso de Inconstitucionalidad, frente a las brutales medidas de recorte que ha sufrido la Ley de la Dependencia, por ser la única institución con posibilidad legal  de hacerlo,  o por el contrario a propuesta de 50 Diputados, que dicho sea de paso, ni de lejos pese a nuestros numerosísimos  intentos alcanzamos a conseguir.  

Desde entonces y ya agotados los plazos, la única información que tenemos al respecto no es otra que la anunciada en una pronta y breve  carta protocolaria, adjudicándonos un número de expediente a cada uno y diciéndonos a todos lo mismo, que tendrían que estudiarlo y nos mantendrían informados.

Ante la falta de esa información y dado que ese pretendido Recurso de Inconstitucionalidad solicitado no se ha producido, ni va a producirse porque ya se han agotado los plazos,  ésta  que aquí presentamos, es la nueva carta pública que esas más de 6.000 personas la estamos nuevamente enviando y cuya difusión agradecemos a todos nuestros lectores.

 

A la Defensora del Pueblo

C/ Eduardo Dato 31 28010 (Madrid)

Nª DE EXPEDIENTE XXXX

Estimada Sra.  SOLEDAD BECERRIL:

Formulé demanda por escrito durante el mes de Agosto junto con miles de personas igualmente que habrá recibido al respecto, en la que le solicitaba que en nombre de la representación que ostenta  como defensora de los derechos fundamentales del pueblo, interpusiera ante el tribunal constitucional en el plazo legal que existe para ello, recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 22 y disposiciones adicionales y transitorias y finales concordantes del R.D Ley de 13 de Julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria  de fomento de competitividad en cuanto que modifica, restringe o suprime derechos reconocidos  en la Ley 39/2006  de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.

Su breve respuesta, en la que nos indica que se ha iniciado el estudio del asunto sometido a su consideración, vino a suponer en su momento para nosotros, una especie de esperanza , que transcurrido el tiempo y dado que los plazos comunicados ya se han podido agotar, ante la ausencia de su nueva comunicación,  comienza más a parecernos una soledad forzada, a la que cada día miles de ciudadanos de este país nos vemos abocados por falta de  esa protección institucional, que si bien, nos dispensan las leyes, también es cierto que nos arrebatan sus malas prácticas.

Nosotros, afectados, familias de afectados y ciudadanos solidarios  con los colectivos más vulnerables por falta de igualdad de oportunidades en este país, nos contamos por decenas, por cientos, por miles e incluso por millones atendiendo a la población con diversidad funcional (discapacidad) que conformamos parte del conjunto de nuestro país y somos personas enfrentándonos a una realidad que sinceramente no puede esperar demasiado, por lo que no entendemos sobre ese profundo estudio que nos anuncia ante una situación de emergencia nacional, de inconstitucionalidad y de injusticia social en toda regla, visto, entiendo, entendemos, desde la perspectiva  y el objetivo que su institución ostenta a la par que su silencio, mientras el tiempo y los plazos transcurren sumiéndonos a nosotros los afectados, en un profundo túnel de desesperación ante la sensación de abandono que parece reportarnos nuestra lucha por una justicia social que cualquiera puede precisar mañana.

Miles de personas en este país ya carecían de recursos suficientes con la anterior legislación, para poder llevar a cabo actividades de vida diaria, como pueden ser el aseo, la alimentación, o cualquier actividad entendida como básica, no obstante y Ud. ha de ser consciente, junto con su equipo jurídico y técnico, repito como defensora electa de este pueblo, de que con esas modificaciones nuestra actual situación se agrava y poco o nada se puede esperar.

Nuestra realidad no es otra que la de vivir un 15% de reducción de prestaciones económicas que ya de por si eran precarias, tener que hacer frente, con esas cantidades brutalmente minoradas a las cuotas de una seguridad social que antes cubría ya en mínima y pésima cobertura la administración, con lo que se reduce, nuestra ayuda, una ralentización de apertura de expedientes y cobertura de necesidades, que también ya de por sí venía ralentizada y un espaldarazo completo y sin precedentes a esos niveles de dependencia más leves que no por ser leves, no resultan necesarias.

Me pregunto, Sra., nos preguntamos, ¿Tanto hay que estudiar, para ponerse del lado de quien se ampara o es qué hay que ralentizar además de la paupérrima  ayuda,  la acción, porque en esta ocasión, como quizás en tantas otras, no es el pueblo soberano, el que desde la representatividad de las instituciones tiene la palabra?

Demuéstrenos por favor, que su institución no está  partidistamente politizada.

Un saludo.

En             a                 de Octubre de 2012

Fdo:

DNI

Una visión muy transparente de una cruda realidad

 

La Marcha Naranja: Una esperanza para la discapacidad

Por VÍCTOR VILLAR EPIFANIO


Salvo la honrosa excepción de la CNSE (Conferación Estatal de Personas Sordas), el resto de organizaciones oficiales y algunas extraoficiales de personas con discapacidad no apoyan la Marcha Naranja, ni la movilización general del 15 de septiembre. Solamente, la CNSE y las Plataformas de Apoyo a la Ley de Dependencia tienen el valor de apoyar estas movilizaciones. ¿Casualidad?, creo que no. Veamos los posibles motivos.

Empecemos por las grandes Plataformas oficiales agrupadas en el CERMI. A pesar de los brutales recortes que está sufriendo, el CERMI apenas se atreve a levantar la voz tímidamente en ocasiones puntuales. Es este caso, la motivación principal es clara: no morder la mano que te da de comer. Pero, según ha podido averiguar un servidor, hay otra razón, adaptarse a las peticiones políticas. Se está cerrando el grifo y el CERMI, para frenar la caída prefiere negociar la cantidad y el destino de las subvenciones, con muy poco margen de negociación. Parece ser, por cierto, como es lógico en la mentalidad neoliberal de este Gobierno, que el destino de las subvenciones se quiere que sea el empleo, dejando los servicios a empresas privadas que también pueden ser las propias asociaciones reconvertidas en empresas, como ya dije en una columna anterior.

   Por supuesto, en el caso de las organizaciones que están dentro del CERMI y tienen alguna vinculación con el PP, a esto, se le añade un componente ideológico. Uno no se manifiesta contra uno mismo y sus compañeros. Es mejor dedicarse a otros menesteres menos comprometidos como un buen chico.

Vamos ahora con la organización no legalizada, de cuyo nombre no quiero acordarme y la asociación que las sustituye. Ellos nunca creyeron en las políticas sociales y mucho menos en la Ley de Dependencia. Coherentemente, no apoyan la Marcha Naranja. Me sorprendería lo contrario, la verdad.

   En cuanto a la ONCE, la razón es evidente, no hablamos de una organización social, sino más bien empresarial. No está para luchas sociopolíticas.

   En medio de este panorama, surge un grupo de personas con discapacidad, dependientes y sus familiares que dicen basta. Basta de recortes sociales, de desprotección y de minar el Estado del Bienestar. Sin excusas, sin clientelismos y sin negociaciones para evitar un mal mayor. Simplemente, basta.

      Por supuesto, yo estaré con estas últimas personas. Con las que tienen problemas mayores que no poder pagar un taxi con tarjeta, con quienes no se van a Londres dejando que miles de personas pasen necesidades, con quienes no tienen estructuras que mantener, con quienes no tienen mentalidad empresarial. En fin, como diría mi abuela, yo estoy con quien me necesita.

Por otro lado, espero que esta Marea Naranja se pueda plasmar en algo más continuado. Eso, junto al espíritu luchador de las personas sordas puede ser la esperanza del asociacionismo en este país.

  Aprovecho para deciros que os esperamos el día 15, a las 10:30h, en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Juntos y juntas, podemos.

Fuente: Diario Progresista

Derecho efímero o el recorte más canalla.

Por José Manuel Ramírez Navarro.

EN la Grecia clásica sólo se consideraba ciudadano de pleno derecho a aquellas personas libres y con sus necesidades básicas cubiertas, porque sólo ellas podían participar activamente en el gobierno de la polis, en el arte y en la filosofía. De la misma manera, en la sociedad actual sólo pueden ser ciudadanos en el pleno sentido de la expresión, quienes tienen garantizadas sus necesidades básicas. De ahí que la cuestión de los derechos sociales, como garantía de esas necesidades, constituyan una auténtica Cuestión de Estado, junto a las libertades y las instituciones democráticas. Sin ellos muchas personas pasarán de la condición de ciudadanía a la de súbditos.
Los derechos sociales, fundamentos del Estado del Bienestar, constituyen la base del pacto social sobre el que se sustentan las democracias occidentales. No son un adorno en épocas de bonanza, porque no los financia una clase pudiente (que en España, por cierto, contribuye muy poco al mantenimiento del Estado y de sus políticas sociales, en comparación con cualquier país europeo), sino el salario diferido que a través de la fiscalidad todos y todas aportamos.

En este marco, nuestra Constitución proclama a España como un Estado Social y Democrático de Derecho. En consecuencia, cuestionar los derechos sociales es cambiar el modelo de Estado y sociedad que decidimos darnos al aprobar la Constitución de 1978, y hacerlo al margen de los mecanismos democráticos previstos para una reforma constitucional no deja de ser un auténtico golpe de Estado.
La evidencia de la capacidad económica del gasto destinado a satisfacer derechos sociales, la dan los países que mayor desarrollo han logrado y que mejor están resistiendo los envites de la crisis. No es cierto que hayamos gastado en protección social más de lo que podemos; muy al contrario, España adolece de un auténtico raquitismo en esta materia: mientras que nuestro PIB es el 94% del de la UE-15, nuestro gasto público social es del 72%. Si lo lleváramos a lo que corresponde en porcentaje del PIB, tendríamos 66.000 millones de euros más cada año para nuestro Estado del Bienestar.

El recorte más canalla a través del Real Decreto-ley 20/2012, supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de dependencia, burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española. Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas, al tiempo que son antieconómicas. Entre las medidas adoptadas se pueden destacar como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes: Se crea un plazo suspensivo de dos años (decenas de miles de dependientes morirán antes de recibir la ayuda), se suspende la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 2015, se incrementan las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes, se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. Se eliminan las cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión consiste en las 170.000 personas por las cuales se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores.

La reducción dramática de 818 millones de euros (en Andalucía 177) tendrá como resultado: destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública (retornos) y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios. Las medidas adoptadas suponen dejar de inyectar al sistema fondos públicos por importe de más de 800 millones de euros sólo en el ejercicio 2012. Invertidos inteligentemente en servicios necesarios para las personas dependientes, tales cantidades habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y unos retornos (directos e indirectos) a las arcas públicas de 352 millones de euros que, sumados a los retornos inducidos, podrían haber alcanzado una cifra cercana a los 500 millones de euros. Por el contrario, se depreciarán todas las atenciones a más de 780.000 personas, se destruirán con toda seguridad en lo que resta de año 2012 más de 10.000 puestos de trabajo y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en Servicios Sociales.

El destrozo total del sistema es tan evidente que sólo caben dos posibilidades de valoración de la maniobra: o se trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de dependencia o bien se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial.

Fuente: Málaga Hoy

El Gobierno asegura que la ley de Dependencia "no es viable"

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad afirma que, si no se modifica, provocará "un colapso"

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.

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El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, afirmó este viernes que el Sistema de Dependencia "no es viable" y que, por tanto, si no se modifica, provocará "un colapso". "El actual modelo (de Dependencia), tal como está diseñado, lógicamente no es viable" y por eso hay que hacer una reflexión para cambiarlo, declaró Moreno.

Según dijo, "estamos en una situación de alerta roja, de luz roja, de semáforo encendido, que nos advierte de que si no hacemos reformas en esta ley, probablemente nos encontremos con un cierto colapso". Porque, argumentó el secretario de Estado, el sistema actual de Dependencia es "administrativamente complejísimo" y hay en él "mucha opacidad", lo que genera "bolsas de fraude" que deben combatirse.

El usuario, explicó, "se pierde en una maraña administrativa" que hay que clarificar y simplificar con un modelo "más transparente", que facilite los trámites a beneficiarios y gestores. Un modelo, prosiguió, que garantice la viabilidad del sistema y que no permita que se gaste el doble de lo presupuestado, como ha ocurrido en estos años, cuando, además, España se ha encontrado con "el doble de dependientes de lo previsto".

Para lograr ese modelo "transparente", sencillo y viable, el Gobierno central está trabajando ya en un proyecto con las comunidades autónomas, que, según indicó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la Conferencia Sectorial de Dependencia del pasado mes de abril, el Ejecutivo quiere tener listo en junio.

http://www.publico.es

“No se atiende igual a personas con la misma dependencia”

CÉSAR ANTÓN Director del Imserso

Quiere unificar los criterios para el copago del usuario, fijar indicadores comunes para determinar lo que cuesta la dependencia en cada comunidad y primar la prestación de servicios

César Antón, en la sede del Imserso. / LUIS SEVILLANO

César Antón (Palencia, 1957) ha sido cocinero antes que fraile: de su etapa como consejero en Castilla y León conoce el proceder de las comunidades y ahora, como nuevo director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), también el del Gobierno.

Y en la implantación de la Ley de Dependencia la relación entre ambas Administraciones ha sido un constante tira y afloja. El objetivo del Gobierno, explica, es que, a igual grado de dependencia, dos personas reciban el mismo servicio en cualquier lugar de España.

Quiere unificar los criterios para el copago del usuario, fijar indicadores comunes para determinar lo que cuesta la dependencia en cada comunidad y primar la prestación de servicios.

Pregunta. ¿Se prevén recortes en dependencia y servicios sociales?

Respuesta. Las prestaciones sociales seguirán siendo la prioridad

P. ¿Por qué está paralizada la Ley de Dependencia?

R. Hay ritmos distintos por comunidades, cada una lo ha adaptado a sus circunstancias, pero, con respeto hacia ellas, han dado mejores resultados aquellas que han canalizado el desarrollo de la ley a través del sistema de servicios sociales. Sin embargo, hay diferencias en la aplicación.

P. Esas diferencias permiten que haya ciudadanos de primera y de segunda a la hora de percibir las ayudas. ¿Es tolerable?

R. Los ciudadanos tiene que ser iguales ante la ley. Hay que analizar cómo se ha puesto en marcha la norma y la evaluación de resultados y cómo se reconduce en el futuro. Agua pasada no mueve molinos. Es verdad que hay sitios donde los procedimientos se alargan por causas achacables a las Administraciones. Hay que dar un impulso, reordenar el procedimiento, entre todos.

P. ¿Y cómo se reconduce?

R. Nuestro objetivo es que ante situaciones iguales de dependencia se dé un tratamiento igual en todo el territorio, porque a igual grado no se está atendiendo de la misma forma. Tenemos, también, que acordar cómo se mide la capacidad económica del usuario y unificar su aportación económica, que tampoco es igual.

P. ¿Por qué las comunidades siguen sin dar datos reales de lo que les cuesta la dependencia?

R. No hay una valoración del coste porque no hemos fijado indicadores comunes para calcular esos costes. La ministra ha ofrecido la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre la forma de medir la capacidad económica del usuario y su aportación al sistema para el conjunto del territorio. Y también para determinar el coste de los servicios. Luego sabremos quién aporta y cuánto. En los Presupuestos Generales del Estado se determina claramente la partida para la dependencia (nivel mínimo y nivel acordado, seguridad social, etcétera). ¿Acaso existe ese detalle en los presupuestos de las comunidades autónomas?

“Hay sitios donde los procedimientos se alargan por las Administraciones”

P. Trascendió la intención del Gobierno de financiar a las comunidades según el coste del servicio al ciudadano, y no de su grado de dependencia, como ahora.

R. El reparto de los créditos de los presupuestos del Estado debiera hacerse primando a las comunidades que prestan servicios frente a las que dan prestaciones económicas, porque es el espíritu de la ley. Hoy, para repartir los recursos se tienen en cuenta otras variables, como la extensión del territorio, pero lo más importante deben ser los servicios que se presten y las personas atendidas. No puede ser que la población pese más en este reparto; en todo caso debe pesar la población dependiente, la forma de atenderla y las personas atendidas.

P. ¿Van a simplificar el baremo, el examen que fija el grado de dependencia de los ciudadanos?

R. No hay nada predeterminado,pero hay que reflexionar sobre su eficacia.

P. ¿Ese baremo permite que entren en el sistema más grandes dependientes de media que los que tienen otros países?

R. En la única estimación que se hizo en España se calculó que habría 205.000 personas con el mayor grado de dependencia y estamos en más de 425.000, más del doble. Las estimaciones nunca aciertan del todo, pero parece que estamos por encima de la media de la UE.

P. En el otro extremo están los dependientes moderados, cuya atención ha sido aplazada un año por el Gobierno. ¿Cree que todos los dependientes moderados deben entrar bajo el paraguas de la dependencia?

“No hay valoración del coste porque faltan indicadores para calcularlo”

R. Debiéramos hacer un análisis entre todos para ver si muchas de esas personas no están siendo atendidas ya de forma muy similar por los servicios sociales, porque antes de la ley ya se atendían esas necesidades.

P. Si se les saca de la ley, su atención quedará al arbitrio de las comunidades autónomas, porque una ayuda de los servicios sociales no se adquiere por derecho, ya que están sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

R. Yo no conozco que se haya dejado de atender a alguien que haya entrado a ser atendido en los servicios sociales. Las nuevas leyes de servicios sociales de las comunidades también garantizan esa atención por derecho.

P. Pero apenas hay tres comunidades con esas nuevas leyes.

R. Yo creo que cuatro o más.

P. Pero se trata del acceso a las ayudas. ¿Cómo se va a garantizar que tengan prestaciones en los servicios sociales cuando en algunos casos no se garantizan ni las ayudas que se conceden por la Ley de Dependencia?

R. No es solo el acceso, y siguen accediendo personas a los servicios sociales, sino también las que ya están atendidas. En España hay 451.366 usuarios de ayuda a domicilio, 165.294 plazas públicas de residencia de un total de 344.000. Aunque ha habido recortes presupuestarios, las comunidades y los Ayuntamientos han priorizado sus servicios sociales.

P. Un informe encargado por el Gobierno anterior determinó que el Imserso servía de poco tal cual estaba. ¿Para qué sirve?

R. Ha sido siempre un referente en política social y de mayores. Está totalmente justificado para dar cohesión, como ocurre en sanidad

P. Pero la cohesión sanitaria existe sin un Imserso.

R. Porque se hizo una ley para ello... Pero el Imserso, entre otras cosas, se hace cargo de las pensiones no contributivas, por ejemplo. Es el responsable de garantizar que todos los meses se cobren esas pensiones.

elpais.com

Rebajan la dependencia a una mujer sin piernas como si hubiese mejorado

Bienestar Social admite que ha de "revisar el expediente" y anuncia que probablemente lo rectificará

Rebajan la dependencia a una mujer sin piernas como si hubiese mejorado m. v.

M. VÁZQUEZ QUART DE POBLET Angustias Cobo tiene 67 años y, desde los 23, vive sin piernas. Las perdió tras sufrir un aborto que se complicó, la mantuvo varios días en la UCI y le provocó una infección tan intensa como para que se le gangrenasen ambas extremidades y tuvieran que amputárselas. En 2001 se le reconoció "un grado de minusvalía del 75%" y, al entrar en vigor la Ley de Dependencia, la Conselleria de Bienestar Social estableció que tenía una dependencia de "grado 3 y nivel 1", es decir, de las consideradas "severas". Por ello cobra desde entonces 416 euros al mes.

En la última revisión las circunstancias de Angustias no habían variado ni un ápice -"no, siguen sin crecerme las piernas", bromea ella- y, sin embargo, el Consell determinó hace apenas unos días que su situación había mejorado notablemente, tanto como para modificar a la baja su dependencia hasta dejarla en una de "grado 1 y nivel 1", de carácter "moderado" y por la que no se abona ningún tipo de ayuda económica.
"No tienen vergüenza -protesta la mujer-. Dicen que estoy mejor para quitarme la pensión, cuando, en su momento, me la dieron por no tener piernas y, desde luego, puedo asegurar a quien sea que no me han salido unas nuevas". De hecho, lejos de mejorar, Angustias ha empeorado "por la edad" y por "otros achaques" como la osteoporosis, que le ha llevado a perder gran parte de la movilidad del brazo izquierdo, del que incluso ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.

"Cada vez me cuesta más moverme", detalla. "De unos tres años a esta parte, lo he notado una barbaridad. Con este brazo (el que tiene prácticamente paralizado) apenas puedo hacer nada. Ya no tengo casi fuerza y necesito ayuda constante para moverme".
Se traslada en un pequeño taburete con ruedas con el que se desplaza de una habitación a otra de su casa, sita en el Barrio de San Jerónimo, en Quart de Poblet. Salir a la calle, sin embargo, es misión imposible si no está su marido, Eladio. "Hay tres escalones en el portal que no puedo salvar si no me bajan en el carro", explica.

http://www.levante-emv.com

"Los mayores pierden interés en la ley de Dependencia por su burocracia y lentitud"

Enfermera Geriátrica y profesora de la Universitat. Licenciada en Antropología Social, la doctora Gallo habló con personas mayores de 75 años que viven solas y sus familiares para confeccionar su tesis. Reclama más visibilidad para esta franja de edad ya que parece que todo el mundo "mira para otro lado" cuando hablamos de vejez. Constata que la Ley de Dependencia ha generado mucha frustración.

"Con la vejez la gente mira hacia otra lado. Hay mucho desconocimiento".  m.f.

 

MAR FERRAGUT PALMA Gallo, autora de la tesis Dependencia y entorno residencial y familiar de las personas mayores de 75 años que viven solas: Autopercepción y comportamiento ha entrevistado a personas mayores (alguna centenaria) y ha hecho foros de discusión con sus familiares, con lo que conoce de primera mano las percepciones y principales dificultadesde esta franja de población.

— ¿Los mayores prefieren vivir solos?
— En toda Europa y en España también el mayor prefiere seguir viviendo solo, algo que le parece bien a las familias y a las instituciones. Yo cuestiono que a los 80 años prefieras vivir sola. Yo creo que es que las alternativas que se les ofrecen no les gustan. Como ir a vivir a casa de un familiar, en una urbanización que no es su entorno... Es un fenómeno ya longevo al que no hemos hecho frente. A mí me sorprende cómo seguimos protegiendo a los hijos adolescentes de 15,16, 17 años y con los padres de 80 o 85 años decimos ´es que está muy bien´. Eso implica cierto desconocimiento sobre qué es la vejez y exceso de protección hacia los jóvenes.

— Pero decir ´el abuelo está estupendo´ es más cómodo. Así no te tienes que preocupar.
— Exacto. Hay desconocimiento sobre qué es la vejez. Y hay una falta de cobertura. Si una mamá no cuida bien a su hijo se lo quitamos, pero si una mamá no cuida bien a su suegro no se lo vamos a quitar porque no sabemos qué vamos a hacer con él.

— La incorporación de la mujer al mercado laboral no ayuda.
— Estoy de acuerdo con las medidas que se han tomado con los niños para hacer compatible la vida personal con la familiar, pero es que con los viejos no veo las medidas. El cuidador de mayores no lo veo. Y la natalidad no llega al 1,5% mientras el índice de envejecimiento es del 20%. En tu biografía es muy probable que acabes cuidando a cuatro mayores y que ´igual´ acabes cuidando a un hijo. Y sin embargo todo gira en torno a cómo vas a cuidar a ese hijo. Además la sociedad es más benévola con los niños. Si hoy vienes a cenar a mi casa con tu hijo, me hace gracia; pero si vienes con tu padre... Y esto va a haber que cambiarlo.

Además ahora envejecerá la generación del ´baby boom´, que va a ser muy exigente. Tienen poder adquisitivo y ya no les van a valer las condiciones de antes. Hay que reflexionar sobre cómo vamos a atender a esta franja de edad.
—¿Éste no era uno de los objetivos de la Ley de Dependencia?
—Pero si exploras lo que llega al domicilio del mayor, por diferencias de implementación en diferentes comunidades y por diferentes intereses, dista mucho de ser un cuidado geriátrico como yo creo que debe ser. No es sólo acompañar. Hay que cuidarlo, sabiendo por ejemplo qué es una demencia y otros aspectos.
—¿La figura del cuidador no se ha profesionalizado?
—Hasta en las instituciones está siendo cuestionado cuáles son los ratios de profesionales que cuidan con la formación de especialista. Sin entrar en lo que es lo académico, ¿ qué sabemos de lo viejos? Es todo muy reciente.

Ni los profesionales ni la sociedad en general sabemos de los viejos. Por ejemplo, en la arquitectura, donde es vital la transversalidad. La Ley de la Dependencia, bienvenida sea. Llegó en un momento en que se cuestionaba el modelo biomédico, que había sido y sigue siendo muy útil para procesos agudos, pero ¿qué hacemos con esta persona mayor cuando ya le hemos operado de apendicitis y vemos que tiene problemas de orientación? Hay un hueco. Por eso se creó un espacio sociosanitario en el marco del cual nació luego la Ley de Dependencia. La implementación ha sido diferente en las comunidades autónomas. Aquí [señala la tesis] los mayores ni la nombran.

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El PSCL reclama a la Junta la misma beligerancia con Rajoy en materia de Dependencia

VALLADOLID,  (EUROPA PRESS) -

   El procurador socialista Jorge Félix Alonso ha reclamado a la Junta de Castilla y León que mantenga con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, por lo menos, "la misma beligerancia" que ha mantenido con el Ejecutivo, ahora en funciones, de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de Dependencia.

   Alonso, que ha acusado a la Junta de Castilla y León de estar ganando dinero con esta materia, ha cifrado en 58.000 los beneficiarios de este nuevo derecho en la comunidad autónoma castellanoleonesa, a lo que ha sumado la creación de 14.940 puestos de trabajo de los que 10.600 están ocupados por mujeres que cotizan a la Seguridad Social con derecho a cobrar una jubilación en un futuro.

   Del mismo modo, ha acusado a la Junta de un "ejercicio de soberbia" al mirar para otro lado y no garantizar la continuidad de la atención social, "que es el problema de fondo", a su juicio, en la prestación de la dependencia ya que "no se quiere valorar".

   Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha rechazado las críticas del socialista al que ha recordado que la Junta de Castilla y León garantiza la atención y los cuidados sanitarios y sociales a los dependientes con carácter general "y de manera bastante razonable" al mismo tiempo que ha rechazado las críticas sobre la ganancia de dinero de la Junta con la Dependencia que se financia y presta "como marca la ley".

El Imserso hace públicas las pautas para la valoración del grado de dependencia

Adaptadas a las especificidades de las distintas condiciones de salud

Lola Gil / Madrid

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha publicado en su página web las guías metodológicas de aplicación del baremo para la valoración de la dependencia, adaptadas a las características específicas de las distintas condiciones de salud.

Según informa medicosypacientes.com, estas primeras cuatro guías valorarán la situación de dependencia de las personas con sordoceguera, ceguera y déficit visual grave, trastorno mental grave y, Alzheimer y otras demencias.

El objeto de las guías es transmitir conocimiento útiles para la comprensión de dichas condiciones de salud en el proceso de evaluación de la situación de dependencia y desarrollar orientaciones para facilitar la aplicación de dicho baremo de forma homogénea y eficiente en todas las administraciones competentes, así como servir de apoyo a la formación de los profesionales de los órganos de valoración.

Las guías han sido supervisadas por la Comisión Técnica de coordinación y seguimiento de la aplicación del baremo de valoración de la situación de Dependencia (CTVD), órgano técnico colegiado del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La elaboración de las guías se ha llevado a cabo en base al Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia, establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en el que se encomendaba al Imserso la “elaboración de guías metodológicas de aplicación del baremo, adaptadas a las características específicas de las distintas condiciones de salud, en las que se identifiquen las técnicas a emplear por las personas valoradotas en la comprobación de la capacidad para la realización de las distintas tareas a valorar”, con el objetivo de la mejora de la implantación de la nueva versión del baremo de la dependencia.

En la autoría de las mismas han colaborado el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y Otras Demencias perteneciente al Imserso, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Federación Española de Rehabilitación Psicosocial (Fearp). Igualmente, en su revisión han participado la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), la Asociación de Padres de Personas Sordociegas (Apascide), la Asociación de Sordociegos de España (Asocide).

También han participado la Federación Española de Sordoceguera (Fesoce), la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps), la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, y la Fundación Instituto Catalán del Envejecimiento (FICE) de la Universidad Autónoma de Cataluña.

Las guías se encuentran publicadas en la página web del Imserso: http://www.imserso.es, concretamente en el Portal de la Dependencia, dentro del apartado Documentación, accediendo desde la pestaña Valoración de la Dependencia.

Fuente: http://solidaridaddigital.discapnet.es