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jueves, 14 de junio de 2012

Sanidad cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras ‘sin papeles’

Solo se financiarán las interrupciones por indicación médica

La medida se inscribe en el recorte de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares




Realización de una ecografía en una clínica que practica interrupciones de embarazo. / BERNARDO PÉREZ


Tampoco el aborto se libra del recorte en la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular en España. Cuando entren en vigor las limitaciones, el 1 de septiembre, las inmigrantes sin papeles perderán el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita en las primeras 14 semanas (tal como establece la Ley de Salud Sexual y Reproductiva). Desde entonces, esas mujeres solo podrán acceder sin coste a esa prestación —ahora en la cartera básica que debe ofrecer la sanidad pública— cuando se deba a motivos terapéuticos, asegura una portavoz del Ministerio de Sanidad.

Así, las extranjeras en situación irregular solo podrán abortar sin coste económico para ellas “por malformación del feto o peligro para la salud de la madre”, concreta la portavoz. Cree que también podría seguir siendo gratuito cuando el embarazo sea fruto de violación. Lo que sí está decidido es que quede fuera de la financiación pública para las mujeres en situación irregular el aborto gratuito debido, en exclusiva, a la voluntad de la madre.
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“Será una marcha atrás enorme”, asegura Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que aglutina a 135 organizaciones contrarias a la reforma restrictiva del aborto que plantea el Gobierno. La exclusión de las mujeres sin papeles del acceso al aborto libre y gratuito en las primeras 14 semanas las dejará al albur de “la beneficencia” y en riesgo de caer “en circuitos no seguros”, añade. También puede retrasar la práctica de la intervención, más peligrosa cuanto más avanza la gestación. El precio de un aborto en el primer trimestre de embarazo —cuando se practica la gran mayoría— se sitúa entre los 300 y los 350 euros, concreta Serrano.

Esa posibilidad de interrumpir la gestación sin aducir motivos en las primeras 14 semanas es, precisamente, una de las grandes novedades de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. La sanidad pública quedaba obligada a financiar esta práctica (también hasta las 22 semanas si hay malformación del feto o riesgo para la madre; por encima de ese plazo, solo se practica si el feto sufre enfermedad grave o incompatible con la vida). El derecho para las extranjeras en situación irregular era igual que para las españolas, ya que las primeras tenían derecho a la sanidad pública por el hecho de empadronarse.

"Es un paso atrás", dice la plataforma contra el cambio de la ley de interrupción del embarazo

La restricción se enmarca en la reducción del gasto sanitario, anunciada el pasado abril. Esa reforma se lleva por delante el derecho a la asistencia gratuita de cualquier extranjero por estar empadronado en España. A partir del 1 de septiembre, será preciso tener la situación en regla y los ciudadanos sin papeles solo podrán acceder a la sanidad pública en caso de urgencia o embarazo (y probablemente en el caso de algunas enfermedades graves como cáncer o sida, pero el desarrollo normativo de esto sigue pendiente). Los niños recibirán atención hasta los 18 años. “El aborto es una urgencia y, también, un embarazo”, plantea Serrano. Alerta de que la decisión afectará a las mujeres que están en peor situación socioeconómica.

Con la limitación del acceso a la sanidad pública por parte de las personas en situación irregular, el Ministerio de Sanidad espera ahorrar al menos 500 millones de euros, según la ministra del ramo, Ana Mato. En esa cantidad figurará cierto pellizco de las interrupciones de gestación a extranjeras: son cuatro de cada diez mujeres que acuden a abortar —113.031 en total en 2010—, si bien se ignora cuántas estaban en situación irregular.

En Sanidad aseguran que la medida se toma al margen de la reforma sobre la práctica del aborto que prepara el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es partidario de limitar el derecho a la interrupción del embarazo. Por su parte, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, dejó la puerta abierta a que en un futuro inmediato solo se costearan los abortos por criterio médico, según dejó entrever a comienzos del pasado mayo. Así, quedarían fuera la inmensa mayoría de estas intervenciones, al margen de la situación legal o la nacionalidad de las mujeres. Pero Justicia no ha dicho la última palabra: confía en tener hilvanada la reforma como pronto en otoño.

Para la plataforma, formada por organizaciones de mujeres, del ámbito sanitario, sindicatos y clínicas de aborto, la decisión de Sanidad apunta sobre cuáles podrían ser las líneas de la reforma “restrictiva” que quiere hacer el Gobierno.

elpais.com

miércoles, 18 de abril de 2012

Los jubilados deberán pagar entre 8 y 18 euros al mes por las medicinas


El Consejo Interterritorial de Salud aprueba el copago farmaceútico en función de la renta

Los parados sin prestación y los receptores de pensiones no contributivas no pagarán nada

La ministra Mato anuncia también medidas para acabar con el turismo sanitario


Los pensionistas españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un tope de ocho euros al mes si su renta es inferior a 18.000 euros anuales y de 18 euros si supera ese límite. Los trabajadores activos seguirán pagando el 40% de las recetas si ganan menos de 18.000 euros, pero verán elevada su aportación hasta el 50% si superan esa cantidad y hasta el 60% si pasan de 100.000. Los parados sin prestación y los receptores de pensiones no contributivas no pagarán nada. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Ana Mato, al término de su reunión con los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, tal como avanzaron la pasada madrugada en México fuentes del PP. El plan, con el que se pretende ahorrar 7.000 millones de euros (un 10% del gasto sanitario público), será aprobado el viernes en el Consejo de Ministros.

La ministra también ha informado de otras medidas aprobadas en la reunión. Entre ellas, la modificación de la normativa "para acabar con el turismo sanitario y los abusos de extranjeros que viajan a España para beneficiarse del sistema de salud". También se reformará un artículo de la Ley de Extranjería para garantizar que todas las personas que acceden a la prestación viven y trabajan en el país.

Otra medida será la creación de una cartera única de prestaciones sanitarias común para todo el territorio. "En ninguna comunidad podrán ofrecer prestaciones que en otro territorio no se prestan", ha dicho Ana Mato. La ministra también ha informado de una nueva "cartera secundaria" que unifique la asistencia farmacéutica o los transportes no urgentes, que deberán ser revisados.

Además, se impulsarán medidas para rebajar el precio de los medicamentos y reducir el gasto farmacéutico, y se pedirá un esfuerzo a la industria "para que no haya más pastillas de las necesarias en las cajas de medicamentos". Mato asegura que hay comunidades autónomas que utilizan hasta un 70% de genéricos y otras menos del 30%. La intención es extender su uso lo máximo posible a todos los territorios. La titular de Sanidad ha anunciado además la creación de una central de compras única de medicamentos, "que ya se ha usado para las vacunas de la gripe y que nos ha permitido ahorrar seis millones de euros".

Se pondrá también en marcha una tarjeta sanitaria única para todo el Estado, con la que además no hará falta ir al médico a renovar las recetas y el historial médico será también compartido. En su reunión de hoy, el Consejo Interterritorial ha acordado categorizar esta cartera. El objetivo es gestionar mejor la realidad asistencial, impulsar la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia.

Por otro lado, se creará el Fondo de Garantía Asistencial, que solucionará los problemas de personas que viven en los límites de las comunidades autónomas y evitará problemas de asistencia. El objetivo es, aparte de superar las trabas burocráticas, garantizar la cohesión y la equidad en el sistema mediante la dotación económica suficiente para cubrir los desplazamientos entre autonomías. Además, también quedan compensadas las autonomías cuyos servicios de salud atiendan a las personas desplazadas.

En cuanto a recursos humanos, se ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud para facilitar la movilidad.

elpais.com


LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS »

Los jubilados deberán pagar el 10% del coste de las medicinas

Los activos pasarán a abonar del 40% hasta el 60% de las recetas en función de la renta

El PP anuncia desde México el plan de ahorro horas antes de que Sanidad lo presente a las autonomías




La ministra de sanidad Ana Mato preside la reunión del Consejo Territorial del sistema nacional de salud / CRISTÓBAL MANUEL

Los pensionistas españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un límite de entre 10 y 20 euros al mes, mientras que los trabajadores activos, que ya abonan el 40% de las recetas, verán elevada su aportación hasta el 50% o el 60%, en función de la renta. Esa es la propuesta que el Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas y que hoy será debatida en el Consejo Interterritorial de Salud para que sea aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, según han explicado en México fuentes del PP. “Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta”, han subrayado las mismas fuentes.Y, en principio, se zanja así un debate entre el Ejecutivo y los populares, e incluso entre ministros del Gabinete de Rajoy, lleno de mensajes contradictorios y que evidenció la falta de coordinación política en este ámbito.

Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta

La principal novedad es que se acaba con la gratuidad de las medicinas para los pensionistas. Salvo que finalmente se acepte alguna excepción, todos los pensionistas deberán abonar el 10% de sus medicamentos. Eso sí, quienes paguen más de 10 euros al mes durante tres meses seguidos tendrán derecho a que se les reembolse la diferencia. El límite se elevará a 20 euros para quienes perciban las pensiones más altas. Respecto a los trabajadores activos, estos pasarán de abonar el 40% del precio de los medicamentos a pagar el 50%. También en este caso, quienes disfruten de rentas más altas —en torno a 100.000 euros al año o más— tendrán que pagar el 60%, un 20% más que ahora. La aplicación de este sistema requerirá la generalización de la tarjeta electrónica, en cuyo microchip se incluirá la información tributaria.

Solo se tendrán en cuentan las rentas, pero no el patrimonio. Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros, de los 10.000 que el Gobierno quiere recortar en Sanidad y Educación. Aunque estudia muchas más medidas, hasta 50, de momento descarta el copago de servicios médicos —consultas, intervenciones, etc.— o los ligados a la hospitalización (catering, noche de hospital, etc). Habrá un régimen especial para los medicamentos de enfermos crónicos (como diabéticos) y se estudiará la posibilidad de eximir de estos pagos a los desempleados sin subsidio. “No es lógico que un parado con familia y sin ayudas pague el 40% y un jubilado con 1.500 euros de pensión no pague nada”, aducen las mismas fuentes.

Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros

Sin desvelar su contenido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido en la noche del martes de forma velada a los citados recortes. En un encuentro con la colonia española de México en la residencia del embajador, ha defendido las reformas adoptadas por el Gobierno y ha mostrado su “voluntad decidida de tomar las decisiones que haya que tomar, incluso esta misma semana, decisiones que a nadie le gusta tomar, pero que son imprescindibles”. Por la mañana ya había anticipado que el Consejo de Ministros del viernes adoptaría medidas sobre Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

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LOS AFECTADOS

"Esto es tocar las pensiones"

Los jubilados consideran que pagar los medicamentos reducirá de manera notable su renta, algo que el Gobierno prometió no hacer


Los pensionistas no creen que deban ser ellos los protagonistas del ahorro a través del copago de los medicamentos. “Más de cuatro millones de pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional y un gasto extra para estas personas, por pequeño que pueda parecer les impediría hacer frente a otros pagos”, dice Luis Martín Pindado, presidente de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Ese 10% sobre el coste de los medicamentos “parece poco, pero hay que tener en cuenta que a estas edades son muchas las medicinas que se toman. No es descabellado pensar que muchos pensionistas dejen de pagar otras cosas, como la luz o el agua, si tienen un gasto extra, les puede hacer un cisco”, afirma.

Los mayores, que en los últimos años eran el eslabón más débil en las estadísticas de la pobreza, han sobrellevado esta última crisis gracias a sus pensiones mientras que la pobreza ha ido adquiriendo un rostro más joven, el de miles de personas que se han ido al paro e incluso están siendo expulsados de sus casas por no poder afrontar la hipoteca. Esa es la razón de que muchos pensionistas hayan tenido que hacerse cargo estos años de sus hijos, de vuelta al hogar materno, y a veces también de los nietos. “Están ayudando a las familias con pensiones muy pobres. Decían que no iban a tocar las pensiones, pues esto es tocarlas, porque pagar los medicamentos, una exención que ya teníamos consolidada, es rebajar las pensiones”, afirma Martín Pindado.

“Entiendo que haya quien tenga pensiones más altas, pero no seré yo quien opine contra eso, porque el que cobra más es porque ha cotizado más, su trabajo le ha costado. Yo sugeriría al Gobierno que dé los medicamentos por dosis, que quizá así se podría ahorrar. Han hecho lo de siempre, medidas para los mayores sin contar con ellos, sin haber reunido siquiera al Consejo Estatal de Personas Mayores”, lamenta.

En España hay más de ocho millones de personas mayores de 65 años que se verían afectadas por esta medida. “No debería ser por colectivos, sino en función de la renta de cada uno. Esta medida tiene un elevado contenido recaudatorio, y aunque entendemos la situación por la que atraviesa España, esto afectará a personas que después de toda su vida en activo verán recortados sus derechos una vez más”, dicen desde la Confederación Española de Personas Mayores, CEOMA. Entienden que no es de justicia que “una vez más, la mayor parte del esfuerzo deba hacerla una parte de la población muy vulnerable, como son los enfermos crónicos, pensionistas y jubilados, porque son quienes perciben las rentas más bajas”. CEOMA recuerda que al colectivo de mayores les afecta también otras subidas, como el IRPF, el IVA, los transportes, el agua, el gas o la luz.

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