Convocados cinco días de paros en la Sanidad madrileña

protesta por la externalización

Las jornadas de huelga tendrán lugar los días 7, 16, 22 y 29 de mayo y 4 de junio

Protesta de los trabajadores de la sanidad madrileña el pasado día 21. / Víctor Lerena (Efe)

Los sindicatos de la sanidad madrileña han convocado huelga para los días 7, 16, 22 y 29 de mayo y 4 de junio, en protesta por la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales y hasta 27 centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Los convocantes de las cinco jornadas de huelga son los sindicatos de personal sanitario SATSE, AMYTS, USAE, AFEM, SIME (federado en CSIT), FESITESS y AME, además de la CGT.

El primer día de la huelga, el 7 de mayo, también está convocado por CCOO, CSIT-UP y UGT, por lo que será "una huelga general de toda la sanidad madrileña", ya que está llamado el personal sanitario y no sanitario, según ha dicho un portavoz sindical que no descarta que estas organizaciones se adhieran también a los paros posteriores. Esta primera jornada de paro arrancará a las 22 horas del día anterior, 6 de mayo, según fuentes sindicales.

Los seis sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad, que rechazan las externalizaciones de forma unánime, se han reunido esta mañana con el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Antonio Resino, para trasladarle sus aportaciones al borrador del pliego de condiciones que la Comunidad dio a conocer el pasado 18 de abril.

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha dicho que "la garantía de empleo" que prometen los pliegos "quitan la razón a cualquier tipo de encierro o protesta" y que se está lanzando un mensaje "equívoco y de temor" sobre la externalización que "no se corresponde con la realidad". Victoria ha señalado que las huelgas de noviembre y diciembre pasados han producido "un daño grave a la calidad y un prejuicio en la atención y listas de espera", con 1.600 cirugías suspendidas y 50.000 consultas retrasadas, por lo que pide "responsabilidad" a los convocantes de las nuevas huelgas.

La portavoz de AFEM, Fátima Brañas, ha recordado que la propuesta de convocar una jornada semanal de huelga durante cinco semanas a partir del martes 7 de mayo se aprobó en una asamblea de médicos celebrada el pasado lunes, y se hizo extensiva al resto de sindicatos de la sanidad que habían acordado aunar posturas para dar "una respuesta contundente" a la publicación de los pliegos.

Según ha explicado una portavoz de CSIT-UP, este sindicato que de momento sólo participa en la huelga del 7 de mayo considera que "hay plazo de sobra para adherirse a más convocatorias" y que la decisión dependerá de la postura que adopte de la Consejería.

Para CSIT son motivos de protesta la implantación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Consejería, que este sindicato ha recurrido en los tribunales, así como las externalizaciones y el hecho de que los pliegos incluyan personal de centros de salud mental que "no son estatutarios".

Convocantes

Entre los convocantes de las cinco huelgas están la Federación de Técnicos Superiores Sanitarios (Fesitess), la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) o el Sindicato Independiente de Médicos de Madrid (SIME), entre otros.

El pasado lunes, un total de quince sindicatos y asociaciones de profesionales dirigieron una carta al presidente regional, Ignacio González, y al consejero Javier Fernández-Lasquetty, en la que aseguraban que externalizar la gestión de seis hospitales "supondrá un gasto extraordinario de más de 136 millones de euros".

Por su parte, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, dijo el pasado sábado, víspera de la manifestación de la última "marea blanca" por el centro de Madrid, que no veía motivos para la protesta salvo que se tratara de una "estrategia de los partidos de la oposición y lo sindicatos para desestabilizar al Gobierno" madrileño.

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El PSOE acusa al PP de provocar 2.400 muertes prematuras con sus recortes en sanidad

Sáenz de Santamaría se defiende tildando de demagogos a los socialistas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la vicepresidenta, 
Soraya Sáenz de Santamaría, durante la sesión de control al Ejecutivo 
que se celebra hoy en el Congreso de los Diputados. EFE

La portavoz del Grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han protagonizado un duro enfrentamiento verbal en la Sesión de Control al Gobierno en la Cámara Baja con motivo de los recortes en la sanidad. La socialista ha acusado al Gobierno de “jugar con la salud de la gente” con sus ajustes y con medidas como el endurecimiento de las condiciones que tienen que cumplir las comunidades autónomas para acceder a las subvenciones a donaciones y trasplantes.

El “demoledor” informe de la Defensora del Pueblo
Sáenz de Santamaría se ha defendido acusando a la socialista de “demagogia” y reprochando al anterior Gobierno su gestión. Según ha dicho, los recortes, que ha llamado “reformas”, son “para que los servicios públicos tengan futuro”.

La portavoz del PSOE ha mencionado el informe anual de la Defensora del Pueblo que se presentará este jueves y que, a su juicio, es “demoledor” y expone las “consecuencias devastadoras” de los recortes del PP en sanidad, que “deterioran los servicios públicos” y “atentan contra los derechos de los ciudadanos”, informa Europa Press.

En Valencia, “2.400 muertes prematuras”
Soraya Rodríguez ha citado, demás, un informe de UGT, conocido recientemente, sobre la privatización de la sanidad en la Comunidad Valenciana, según el cual “2.400 muertes prematuras hubieran sido evitables si no se hubiera optado por un modelo de privatización”. Ante este comentario, desde la bancada popular se han escuchado quejas que han obligado al presidente del Congreso, Jesús Posada, a imponer orden.

El PSOE advierte de que “no permitirá” que se juegue con la salud
Soraya Rodríguez se ha referido también a la orden del Ministerio de Hacienda sobre las subvenciones destinadas a las actividades de donación y trasplantes de órganos. “¿Pero quién se creen que son ustedes para jugar así con la salud de la gente?”, ha dicho la diputada socialista, que ha advertido de que el PSOE “no va a permitir” que el Gobierno cumpla dicha orden y que ésta se “va a tener que rectificar”.

La reforma de las pensiones
Por último, Rodríguez ha reprochado al Ejecutivo la última reforma de las pensiones porque “hace saltar por los aires el Pacto de Toledo”. “¿No le da vergüenza haber mandado las previsiones de modificación del recorte de las pensiones parciales en noviembre y traerlo ahora por un decreto ley?”, ha preguntado.
Sáenz de Santamaría ha retomado el argumento de la herencia recibida y ha reprochado a los socialistas su gestión de Gobierno, al enumerar sus “ tres principales errores : no tener las cuentas públicas saneadas, no vigilar los ingresos y no darse cuenta de que la evolución demográfica afecta a los servicios públicos”. Según la vicepresidenta, “cuando las cuentas públicas son insostenibles los servicios públicos acaban siendo inviables”, pero también ha acusado a los socialistas de haber dejado de ingresar 60.000 millones de euros entre 2008 y 2009.

Sobre la reforma de las pensiones, ha comentado que “parece mentira que tenga que explicar a quien alargó la edad obligatoria legal de jubilación a los 67 años que es bueno que se siga trabajando a los 61 o a los 63, y que es bueno que quien quiera seguir trabajando pueda compatibilizar pensión y salario”. “Eso no es ni más ni menos que la recomendación número 12 del Pacto de Toledo. Yo sé que es mucho pedir coherencia a un grupo parlamentario que congeló las pensiones”, ha añadido.
Para la vicepresidenta, “el peor enemigo de los servicios públicos” es la “demagogia, prometer lo que no ha sido capaz de hacer en el Gobierno cuando se está en la oposición y encima no explicar a los ciudadanos con qué recursos se va a pagar”.

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Marea ciudadana Valladolid: Manifestación 21 marzo

PROGRAMA MATINAL

Durante la mañana del jueves 21, cada Marea realizará varios actos. Entre otros:

Marea Roja. A las 11.00 horas. Concentración frente a la Oficina del Empleo de Castilla y León (Plaza del Poniente).

Marea Naranja. A las 11:00 horas. 'Parón' en los distintos puestos de trabajo vestidos con camisetas naranjas.

Marea Blanca. A las 11.00 horas. Teatrillo en la puerta del Hospital Clínico Universitario.

Marea Negra. De 11.00 horas a 11.20 horas. Concentración y asamblea en la Plaza del Milenio.

Marea Verde (Profesores). De 11.00 horas a 11.30 horas. Acto reivindicativo en el IES Zorrilla.

Marea Verde (Estudiantes). A las 12.00 horas. Manifestación que partirá desde la plaza de la Universidad.

Stop Desahucios. A las 12.30 horas. Concentración en la plaza España

últimoCero

MANIFIESTO MAREA DE MAREAS

 

MANIFIESTO MAREA DE MAREAS:
Nuestras vidas o su negocio. ¡Por lo público! ¡Por nuestros derechos!

Diferentes sectores en lucha -los cuales han recibido el nombre de mareas sociales o mareas por lo público- hemos apostado por confluir en una gran marea global vallisoletana. Este tsunami resultante es el reflejo de lo que la mayoría de la gente común desea: una sociedad redistributiva e inclusiva donde se garanticen los derechos fundamentales universales y en la que los servicios públicos que son de todas y todos no se sometan a las leyes del mercado, de la especulación y del enriquecimiento privado. Ante los duros momentos que nos está tocando padecer, nuestra respuesta está cargada de razones de gran envergadura:

Denunciamos que la política de recortes en Sanidad no busca en absoluto disminuir posibles derroches, sino que tiene la finalidad de liquidar el sector público mediante la reducción por la fuerza de la calidad del servicio ofrecido, abriendo a su vez nuevos espacios para la rapiña de las grandes empresas, que son las beneficiarias de estas privatizaciones encubiertas. Estamos hablando, por tanto, de un cambio de modelo sanitario que nos lleva de uno eficiente y barato a otro que considera nuestra salud como un negocio al servicio del capital especulativo.

Tres cuartas partes de lo mismo ocurre en materia educativa, con evidentes pasos hacia la total mercantilización del sector. Denunciamos la continua escalada de recortes en la Escuela Pública que desde el año 2010 vienen acometiendo los Gobiernos Central y Autonómico. Exigimos la eliminación de los conciertos que suponen la desviación de financiación de la Escuela Pública a empresas privadas, así como la retirada de la LOMCE por clasista y segregadora, que hace que la educación pierda su carácter compensador de desigualdades, que anula la participación democrática de la comunidad educativa y que aumenta la presencia de la religión dentro de los centros educativos. En cuanto a la educación superior, reclamamos que el control del sistema recaiga en sus usuari@s y profesionales, orientándose el aprendizaje científico y humanístico hacia las necesidades reales de la sociedad y no hacia las de las grandes firmas económicas interesadas en desvirtuar el modelo, como se evidencia en el Plan Bolonia y la Estrategia 2015. Igualmente, exigimos que los centros de aprendizaje fomenten el pensamiento crítico y reflexivo proclive a la transformación social.

También en el Sistema de Servicios Sociales nos encontramos con una situación crítica que parece querer llevarnos al anterior modelo de beneficencia, por el cual la atención de las personas en riesgo de exclusión queda en manos de la caridad particular en vez de estar en las de la sociedad en su conjunto por medio de personas cualificadas para esta labor. Muy especialmente en este contexto, nos tenemos que oponer y nos oponemos a cualquier retroceso que agrave las desigualdades sociales y que desproteja a quienes más apoyo precisan.

Igualmente integramos esta marea ciudadana empleados públicos y funcionarios de la Administración que, a pesar de realizar una labor rigurosa y eficaz en defensa de los servicios públicos, sufrimos día a día la presión de los intereses políticos. Denunciamos, además de la venta que se hace de lo público de forma impune, la presencia de irregularidades o ilegalidades vinculadas a intereses políticos ajenos a la objetividad que garantizan los empleados públicos por oposición en favor de unos servicios de calidad para toda la ciudadanía. También denunciamos que, con la excusa de la crisis y los recortes, la casta política está sacrificando a la ciudadanía eliminando líneas de ayudas y servicios públicos sin que desaparezcan ni se cuestionen sus privilegios en forma de multisueldos, pensiones vitalicias, dietas, tarjetas de crédito, gastos de representación y protocolo, autopropaganda para seguir subidos en la escalera del poder, coches oficiales, bufandas, asesores, personal de confianza, etc. Nos oponemos a que cualquier servicio público acabe en manos de entes, fundaciones, empresas públicas o privadas, fuente de corrupciones y de tráfico de influencias partidistas, que siempre abren la puerta a la privatización y a la pérdida de lo público ante la impasibilidad de las Cortes, del Procurador del común, etc.

También confluimos en esta Marea Ciudadana quienes hemos luchado día a día contra los desahucios. El crecimiento económico en el Estado español de los últimos años está ligado a la construcción de viviendas y a la concesión casi indiscriminada de créditos hipotecarios. La ausencia de políticas de control indujo al sobreendeudamiento de una parte importante de la población como única forma de acceder a una vivienda digna producto de los intereses de notarios, tasadores, entidades financieras e inmobiliarias y contienen claros indicios de fraude y estafa generalizada. Todo ello ha conducido a un escenario en el que en los últimos tres años ha habido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias y embargos. Exigimos con carácter de urgencia la paralización de las ejecuciones hipotecarias y dar una respuesta a millones de personas empujadas a la exclusión social. Denunciamos la existencia de millones de pisos vacíos en manos de las entidades financieras que no están cumpliendo con su función social, mientras miles de familias se quedan sin casa y con una deuda de por vida, y los bancos esperan hacer nuevos negocios rentables con las viviendas de los desalojados.

Por último, pero no por ello menos importante, reivindicamos el derecho a un trabajo digno para todas las personas desempleadas. Hacemos mención especial a la juventud empujada a la emigración y en quienes por su edad son excluidos del mercado laboral. No debemos olvidar que este gran colectivo, el de las desempleadas y desempleados, es doblemente maltratado, tanto por su falta de trabajo como por la desprotección a la que se le somete al reducirse sus prestaciones. Así mismo, denunciamos que quienes tienen la suerte de mantener un puesto de trabajo han visto muy reducidos sus derechos laborales tras la aprobación de las últimas reformas y viven bajo la permanente incertidumbre del despido.

En resumen, creemos que este Régimen debe ser sustituido por uno más justo, solidario y equitativo, en el cual no se negocie con los servicios públicos, en el que se garanticen los derechos sociales de tod@s, y en el que las personas del común no paguemos los desmanes especulativos de una casta empresarial y política sin escrúpulos que nos ha llevado a la ruina económica, política y moral. Por eso salimos a la calle bajo el lema “nuestras vidas o sus negocios”, considerando que estamos reivindicando derechos de pura supervivencia para el pueblo trabajador y honrado.

Los procuradores del PP respaldan en las Cortes el cierre de urgencias nocturnas en 17 consultorios médicos

El consejero de Sanidad cambia impresiones en el hemiciclo con sus compañeras de Cultura y Turismo y Familia e Igualdad. / G. Villamil

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La Junta de Personal del Área de Salud rechaza la unificación de las urgencias

La Fiscalía de Salamanca archiva las diligencias de las urgencias nocturnas ante la falta de «infracción penal»

Los procuradores del PP han respaldado en el pleno de las Cortes de Castilla y León la decisión de la Consejería de Sanidad de suprimir las urgencias nocturnas en 17 consultorios de salud rurales, medida que ha generado fuerte malestar y contestación social en las localidades afectadas. 

El PSOE presentaba a debate una iniciativa para volver a prestar este servicio sanitario hasta que la Junta tuviera elaborado el mapa de prestaciones de servicios que prevé la futura Ley de Ordenación del Territorio. El ahorro del ajuste en estas urgencias cuantificado por la consejería es de 1,5 millones de euros.

«El mismo derecho a salir de un infarto con garantías tiene una persona que vive en el medio rural que los que vivimos en el medio urbano», argumentó la procuradora socialista Mercedes Martín. «La enfermedad no tiene ideología. Por desgracia, el derecho a la salud, sí», censuró el portavoz de IU, José María González. Juan José Sanz Vitorio, parlamentario segoviano del PP, acusó a la responsable del PSOE de «vivir cómodamente en la oposición» y resaltó que la medida de Sanidad no provoca «desatención», puesto que la media de uso de las urgencias nocturnas en estos consutorios era de 0,98 pacientes por noche.

Sanz Vitorio adelantó que el respaldo de los parlamentarios del PP iba a ser «inequívoco». Lo fue. De los que estaban allí. Faltaba la alcaldesa de Ayllón, Sonia Palomar, cuyo municipio está afectado por estos cierres de urgencias desde primeros de octubre y que evitó votar en contra de la reapertura al no asistir al pleno. En el PP justificaron el escaño vacío argumentando que estaba enferma y que incluso había tenido que ir médico.

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Los recortes de la sanidad británica matan a miles de pacientes

El primer ministro británico, David Cameron. / Efe

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• Suenan las alertas en la sanidad británica, también sometida a privatizaciones y recortes

La prensa británica lleva varios días encendida por la publicación, este martes, de un informe oficial según el cual en un solo hospital de la red sanitaria pública, el de Stafford, la falta de atención y la negligencia habrían producido, al menos, 1.200 muertes innecesarias de pacientes entre 2005 y 2009. El primer ministro David Cameron tuvo ayer que pedir perdón por esos desmanes en un debate parlamentario destinado sobre el escándalo. Y prometió que otros cinco hospitales serán investigados tan minuciosamente como el de Stafford. El diario The Independent dice hoy que serán los de Colchester, Tameside, Blackpool, Basildon y Lancashire. Y el Telegraph asegura que en esos cinco centros se habrían producido otras 3.000 muertes innecesarias por culpa de la malas prácticas sanitarias.

Aunque están en curso otras investigaciones a este respecto, la atención estrictamente médica no es el objeto principal del informe en cuestión, que ha producido una ola de indignación entre los británicos, para los cuales su confianza en el NHS, el sistema nacional de salud, “es lo más parecido a la fe religiosa”, según han destacado varios periódicos, citando lo que dijo hace más de veinte años el entonces ministro del presupuesto Nigel Lawson. “Esa confianza ha sido traicionada”, dijo ayer Cameron.

El texto, de más de 2.000 páginas, describe de manera exhaustiva “fallos espantosos y graves negligencias” en el trato dado a los pacientes y a sus familias por parte del personal auxiliar. La lista de barbaridades incluye actuaciones como permitir a los enfermos beber agua de los jarrones de flores y que las recepcionistas tomaran decisiones sobre sus tratamientos. Pero también implica a la dirección del hospital de Stafford “por haber ignorado las señales de alarma y haber puesto los intereses corporativos y el control de los costes por delante de la seguridad de los pacientes”.

“El informe ha identificado al culpable: es la cultura del NHS, que mira por el negocio y no por los pacientes”, escribe Randeep Ramesh en el Guardian. “Se denuncia una cultura inspirada en la ideología de los dirigentes empresariales, en la que éstos ven el vaso medio lleno, cuando en realidad está vacío. Porque subraya que la “baja calidad” que ponía en riesgo a los pacientes era tolerada y que existía una cultura institucional que “daba más importancia a la información positiva sobre el servicio que la información que podía ser una causa de preocupación”.

A fin de reducir costes, el hospital de Stafford, y posiblemente los demás que van a ser investigados, permitía que parcelas crecientes del tratamiento de los enfermos quedara exclusivamente en manos del personal auxiliar, por debajo del nivel de los enfermeros y enfermeras, que en Reino Unido no tiene que someterse a ninguna prueba ni figurar en registro colegial alguno para ser contratado. “Desde hace años se ha denunciado este hecho, pero muchos en el NHS se han resistido a que se cambie el procedimiento, debido al aumento de costes que supondría regular la actividad de ese amplio sector del personal hospitalario, que percibe bajos salarios”, añade Ramesh.

Pero si es la política de recortes de los gastos sanitarios la que ha generado esa cultura de ahorro insensato por parte de los directivos hospitalarios, la perspectiva de una más honda privatización de la sanidad británica –acercarse al modelo norteamericano es el objetivo de Cameron y de los conservadores- plantea incógnitas aún mucho más preocupantes. La polémica al respecto arde en Gran Bretaña. Los conservadores han entendido que las 1.200 muertes innecesarias de Stafford refuerzan la necesidad de acelerar los planes de privatización, hace poco aprobados en el parlamento con el voto contrario de la oposición laborista. Para los defensores de la sanidad pública, en cambio, que la cultura empresarial en la gestión hospitalaria provoca males terribles, que la privatización agravaría hasta extremos imprevisibles.

Ese debate también está abierto en España. También aquí se están denunciando hasta la saciedad los riesgos que implican los recortes y la privatización del sistema. La diferencia con Gran Bretaña –cuyo NHS, tanto sus épocas de esplendor como las de las reformas,  ha sido el referente principal referente de lo que se ha hecho en nuestro país- es que allí esa polémica tiene lugar también sobre la base de informes oficiales que no tienen reparo en denunciar las verdades. Y genera auténticos debates parlamentarios. En los que cada uno dice lo que le interesa. Pero que sirven, al menos, para que la gente sepa lo que piensan unos y otros.

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CHARLA DEBATE: ¿Están justificados los recortes en el sistema sanitario público?

  Nueva charla el día 13 de Febrero a las 20.00 horas en el C.C. Esgueva.

Difunde, acude y entérate de la que se avecina!