jueves, 26 de abril de 2012
miércoles, 25 de abril de 2012
Dile a Montoro que recorte el fraude fiscal, no el gasto social #RecortaelFraude
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sábado, 21 de abril de 2012
Facultativos denuncian el recorte en ocho médicos de la atención de urgencias del Clínico
Sacyl asegura que es una normalización de los 33 contratos del servicio y una reorganización de la asistencia que «no echa a la calle a nadie»
Ssevicio de Urgencias del Clínico de Valladolid./ RAMÓN GÓMEZ
El 1 de mayo. El servicio de urgencias del Clínico
aplicará modificaciones en su organización a implantar ya, en menos de
medio mes. Según los propios médicos y los sindicatos CSI-F y la Cesm,
estos cambios supondrán «el recorte en ocho profesionales de los médicos
que atienden la asistencia de emergencias en el complejo universitario.
Pasamos de ser 30 médicos que atienden la jornada ordinaria a solamente
22». Y explican que la propuesta de los responsables sanitarios es la
de «dejar 16 médicos fijos y aumentar este grupo con 6 de los eventuales
(suman los 22) a los que se haría contrato, el resto, 11 en concreto
pasarían a hacer guardias y como, según las cifras habituales de esta
jornada extraordinaria, hay 106 guardias que harían los 22 de plantilla
solo quedarían 40 que darían trabajo a unos cinco facultativos; pero no
hay para todos».
«Entre 6 y 10 médicos se irían a la calle, no te echan,
es una invitación a que te vayas porque no vas a tener trabajo
suficiente y los contratos son muy precarios», coinciden sindicatos y
afectados.
Explican asimismo que hace dos años que «trabajamos con
esta plantilla de 33 y, antes, muchos más con una de 30» y que «teníamos
contratos de mes a mes. En diciembre nos hicieron uno de seis meses y, a
la mitad, nos lo cambiaron para hacerlos mensuales, en el resto de
hospitales se hacen de medio y de un año».
Destacan los afectados que, «aunque la jornada ordinaria
de estos servicios es de 8:00 a 15:00 horas, solo en el Clínico te ponen
en turnos de tarde obligatoriamente y ya van varias sentencias ganadas
al hospital en este sentido; pero se ha judicializado, no han querido
llegar al acuerdo de incentivarlo». A este respecto, añade el secretario
general del Sindicato Médico, Eloy Díez, que «los interinos lo aguantan
para que no los echen».
Critican además estos profesionales, que ya han
solicitado una entrevista con el consejero de Sanidad, Antonio María
Sáez Aguado, que, además, «ya habían hecho el recorte del 3% y echaron
en febrero a una médico que ahora está en el Río Hortega que sí la
contrató, se ha hecho sin negociación, con inmediatez» y que «es el
único hospital de Castilla y León que ha hecho estos recortes,
probablemente porque es el que tiene más eventuales».
Por su parte, el gerente del hospital, Carlos Fernández
Rodríguez, asegura que «no se va a echar a la calle a nadie, se trata
solo de una normalización de contratos y de una adecuación de los
recursos y organización de la asistencia». Así, explica «seguiremos con
los mismos médicos. Hay 18 plazas en plantilla y, el resto, está con
contratos de guardias unas normales y otras con distribución irregular
de 140 horas al mes. Esto había caído en una pequeña perversión y había
demasiados médicos trabajando por la mañana y, los necesarios, por la
tarde y noche. Una auditoría de la Inspección nos había señalado ese
desequilibrio y que se necesitaban 23 personas, incluido el jefe del
servicio, por lo que solicitamos autorización para que a seis médicos se
les pudiera contratar por acúmulo de tareas y, al resto, de forma
normal o con contratos de guardia», destaca.
Insiste asimismo el responsable del complejo que «hemos
realizado nuestras cuentas y hay un número suficiente de guardias
respecto a los ingresos previstos según nuestra actividad y para que
sigan teniendo trabajo. Menos horas, menos dinero pero ni se disminuyen
los efectivos ni el número de médicos que atienden a los pacientes, solo
estamos normalizando contratos y anteponiendo la eficiencia». Y añade
que «no se ha hecho por ahorrar» y, en cuanto a la falta de negociación,
«hoy mismo (por ayer) la dirección médica los ha citado y no se ha
presentado ni uno, han dado plantón».
Desde CSI-F se critica las formas y el fondo. «Es pura
demagogia, en el turno normal habrá menos facultativos y, al resto, se
les da migajas, de 30 bajan a 22 y había tres de guardia para un mínimo
de 140 horas al mes, ¿qué queda para los demás?», se pregunta este
sindicato. «Además se saltan los estándares de calidad de un médico por
cuatro mil asistencias, de uno por 14 camas de observación... lo cierto
es que, de cara al paciente que llega, habrá menos médicos y si se trata
de normalizar contratos ¿por qué llevamos cinco años así? No tiene
sentido, es un recorte en toda regla y por economizar», destaca el
sindicato. Desde el mismo Félix Benito insiste en que Sacyl debe
reconsiderarlo y mantener el equipo.
Los médicos por su parte insisten en que «afectará a la
asistencia, habrá más demora en la atención, más presión asistencial.
Inevitablemente» y en que «no se niegan a hacer la ampliación de
jornada; pero –indican– las urgencias van en aumento porque la gente
busca resolver sus problemas y las listas de espera al crecer y no
resolver a tiempo empujan al paciente hacia estos servicios de
urgencias».
También la Semes, la sociedad científica de emergencias, apoya a la plantilla del Clínico.
Medidas judiciales
La Cesm, anuncia Eloy Díez, «llegará hasta el final,
estudiamos medidas judiciales, porque si eran irregulares los contratos
llevan años incumpliendo y movilizaciones si los afectados así lo
demandan». «Es inadmisible que el hospital con más urgencias de
Valladolid (98.000 al año) en vez de crecer en atención descienda cuando
tenían que tener 34 médicos según ratio».
http://www.elnortedecastilla.es
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ACOSO POLÍTICO E INSTITUCIONAL SOCIOPÁTICO.
El sociópata es ese individuo verdaderamente absorbido en sí mismo sin conciencia ni sentimiento alguno hacia los demás y para quién las reglas sociales no tienen ningún significado. Yo creo que la gran mayoría de nosotros conoce o ha estado en contacto con individuos sociopáticos sin siquiera saberlo. [Wendy Koenigsmann]
ACOSO POLÍTICO E INSTITUCIONAL SOCIOPÁTICO.
Por Mª Ángeles Sierra
La actual situación política e institucional de nuestro país, al menos para mí, no deja de ser altísimamente preocupante. Tanto es así, que a pesar de mi fuerte carácter forjado a través de muchos años de soportabilidad de insoportables injusticias tanto en mi entorno de conocimiento como en mis propias carnes, empiezan a parecerme menudencias irrisorias si las comparo con ese pozo negro y sin salida en el que con tanto descaro y a la vez tan sibilinamente nos están arrojando.
Acostumbro, como imagino muchos ciudadanos acostumbramos, a tomarme los vaivenes de la vida con una gran dosis de sentido del humor, mientras siento que no todo está perdido y es posible seguir construyendo y caminando. Pero en esta ocasión, hasta mis terapéuticas reservas humorísticas se están terminando, entre otras cosas porque el camino a recorrer, o esa cosa llamada futuro, no lo percibo tan claro.
Otras veces, la rabia ante las injusticias que detecto desde mi análisis y racionalización de determinados acontecimientos es tal, que me siento en disponibilidad de crecerme emocionalmente y arremeter desde lo más profundo del alma a través de la acción que convenga y de la palabra, contra todo aquello que nos amenaza, sin perder para ello de vista mis derechos y obligaciones.
Pero esta vez es distinto y creo que a muchos más como yo, ciudadanos de bien, solidarios, desinteresados, buscadores de la verdad, de la armonía y desarrollo social; amigos del equilibrio, de la justicia y del reparto; defensores de la libertad y de la dignidad humana como bienes más preciados, también les está pasando. Y es que ante tanta ignominia y ante tan inesperado y brutal acoso político, económico y mediático, nos estamos agotando.
Los gobiernos tumban las naciones y nosotros somos los perseguidos, los acusados, los divididos, los expoliados, los finalmente castigados en todas las dimensiones por sus consecutivos, evitables, negligentes y crueles errores, que no podrán perdonar ni su Dios ni nuestra historia.
Aunque sin nosotros, no son nada, se han convertido en nuestros dueños, sirviéndose para ello unas veces de nuestra condescendencia y las más de nuestra ignorancia.
Hablan, dirigen y ordenan en nuestro nombre y sin nuestro consentimiento, como si los ciudadanos fuésemos menores tutelados incapaces de participar de una forma activa soberana en la toma de nuestras propias decisiones, mientras nos van imponiendo, tasas, repagos, recortes, desahucios, congelaciones salariales; pérdida de derechos laborales, sanitarios y sociales; obediencia y pensamientos limitados, todo en nombre de la imposición del pago de unas deudas externas primeramente inventadas, que finalmente, sí crearon, en definitiva, porque nuestro nada respetable sistema, ese que visten de democrático, se ha convertido a través del siempre denunciable y despreciable acoso, en imperdonable tirano.
Frivolizan con nuestro dolor y sufrimiento, nos burlan sin importarles habernos robado hasta la mínima consolación que es la esperanza, mientras traicionan sus propia dignidad humana al demostrarnos que no son los mismos dependiendo de su posición ante su propia palabra, con lo que a mí ya me ha quedado claro que su persistente y tenaz acoso ciudadano, ese que vienen ejerciendo desde los poderes del Estado es además el clarísimo y evidente síntoma de un diagnóstico sociopático perverso e incurable, del que cuanto antes, por nuestra propia supervivencia y para no contaminarnos, habremos de liberarnos.
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quien el rayo detuvo
prisionero en una jaula?
(Miguel Hernández)
miércoles, 18 de abril de 2012
Los jubilados deberán pagar entre 8 y 18 euros al mes por las medicinas
El Consejo Interterritorial de Salud aprueba el copago farmaceútico en función de la renta
Los parados sin prestación y los receptores de pensiones no contributivas no pagarán nada
La ministra Mato anuncia también medidas para acabar con el turismo sanitario
Los pensionistas españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un tope de ocho euros al mes si su renta es inferior a 18.000 euros anuales y de 18 euros si supera ese límite. Los trabajadores activos seguirán pagando el 40% de las recetas si ganan menos de 18.000 euros, pero verán elevada su aportación hasta el 50% si superan esa cantidad y hasta el 60% si pasan de 100.000. Los parados sin prestación y los receptores de pensiones no contributivas no pagarán nada. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Ana Mato, al término de su reunión con los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, tal como avanzaron la pasada madrugada en México fuentes del PP. El plan, con el que se pretende ahorrar 7.000 millones de euros (un 10% del gasto sanitario público), será aprobado el viernes en el Consejo de Ministros.
La ministra también ha informado de otras medidas aprobadas en la reunión. Entre ellas, la modificación de la normativa "para acabar con el turismo sanitario y los abusos de extranjeros que viajan a España para beneficiarse del sistema de salud". También se reformará un artículo de la Ley de Extranjería para garantizar que todas las personas que acceden a la prestación viven y trabajan en el país.
Otra medida será la creación de una cartera única de prestaciones sanitarias común para todo el territorio. "En ninguna comunidad podrán ofrecer prestaciones que en otro territorio no se prestan", ha dicho Ana Mato. La ministra también ha informado de una nueva "cartera secundaria" que unifique la asistencia farmacéutica o los transportes no urgentes, que deberán ser revisados.
Además, se impulsarán medidas para rebajar el precio de los medicamentos y reducir el gasto farmacéutico, y se pedirá un esfuerzo a la industria "para que no haya más pastillas de las necesarias en las cajas de medicamentos". Mato asegura que hay comunidades autónomas que utilizan hasta un 70% de genéricos y otras menos del 30%. La intención es extender su uso lo máximo posible a todos los territorios. La titular de Sanidad ha anunciado además la creación de una central de compras única de medicamentos, "que ya se ha usado para las vacunas de la gripe y que nos ha permitido ahorrar seis millones de euros".
Se pondrá también en marcha una tarjeta sanitaria única para todo el Estado, con la que además no hará falta ir al médico a renovar las recetas y el historial médico será también compartido. En su reunión de hoy, el Consejo Interterritorial ha acordado categorizar esta cartera. El objetivo es gestionar mejor la realidad asistencial, impulsar la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia.
Por otro lado, se creará el Fondo de Garantía Asistencial, que solucionará los problemas de personas que viven en los límites de las comunidades autónomas y evitará problemas de asistencia. El objetivo es, aparte de superar las trabas burocráticas, garantizar la cohesión y la equidad en el sistema mediante la dotación económica suficiente para cubrir los desplazamientos entre autonomías. Además, también quedan compensadas las autonomías cuyos servicios de salud atiendan a las personas desplazadas.
En cuanto a recursos humanos, se ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud para facilitar la movilidad.
LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS »
Los jubilados deberán pagar el 10% del coste de las medicinas
Los activos pasarán a abonar del 40% hasta el 60% de las recetas en función de la renta
El PP anuncia desde México el plan de ahorro horas antes de que Sanidad lo presente a las autonomías
La ministra de sanidad Ana Mato preside la reunión del Consejo Territorial del sistema nacional de salud / CRISTÓBAL MANUEL
Los pensionistas españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un límite de entre 10 y 20 euros al mes, mientras que los trabajadores activos, que ya abonan el 40% de las recetas, verán elevada su aportación hasta el 50% o el 60%, en función de la renta. Esa es la propuesta que el Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas y que hoy será debatida en el Consejo Interterritorial de Salud para que sea aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, según han explicado en México fuentes del PP. “Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta”, han subrayado las mismas fuentes.Y, en principio, se zanja así un debate entre el Ejecutivo y los populares, e incluso entre ministros del Gabinete de Rajoy, lleno de mensajes contradictorios y que evidenció la falta de coordinación política en este ámbito.
Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta
La principal novedad es que se acaba con la gratuidad de las medicinas para los pensionistas. Salvo que finalmente se acepte alguna excepción, todos los pensionistas deberán abonar el 10% de sus medicamentos. Eso sí, quienes paguen más de 10 euros al mes durante tres meses seguidos tendrán derecho a que se les reembolse la diferencia. El límite se elevará a 20 euros para quienes perciban las pensiones más altas. Respecto a los trabajadores activos, estos pasarán de abonar el 40% del precio de los medicamentos a pagar el 50%. También en este caso, quienes disfruten de rentas más altas —en torno a 100.000 euros al año o más— tendrán que pagar el 60%, un 20% más que ahora. La aplicación de este sistema requerirá la generalización de la tarjeta electrónica, en cuyo microchip se incluirá la información tributaria.
Solo se tendrán en cuentan las rentas, pero no el patrimonio. Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros, de los 10.000 que el Gobierno quiere recortar en Sanidad y Educación. Aunque estudia muchas más medidas, hasta 50, de momento descarta el copago de servicios médicos —consultas, intervenciones, etc.— o los ligados a la hospitalización (catering, noche de hospital, etc). Habrá un régimen especial para los medicamentos de enfermos crónicos (como diabéticos) y se estudiará la posibilidad de eximir de estos pagos a los desempleados sin subsidio. “No es lógico que un parado con familia y sin ayudas pague el 40% y un jubilado con 1.500 euros de pensión no pague nada”, aducen las mismas fuentes.
Sin desvelar su contenido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido en la noche del martes de forma velada a los citados recortes. En un encuentro con la colonia española de México en la residencia del embajador, ha defendido las reformas adoptadas por el Gobierno y ha mostrado su “voluntad decidida de tomar las decisiones que haya que tomar, incluso esta misma semana, decisiones que a nadie le gusta tomar, pero que son imprescindibles”. Por la mañana ya había anticipado que el Consejo de Ministros del viernes adoptaría medidas sobre Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
LOS AFECTADOS
"Esto es tocar las pensiones"
Los jubilados consideran que pagar los medicamentos reducirá de manera notable su renta, algo que el Gobierno prometió no hacer
Los pensionistas no creen que deban ser ellos los protagonistas del ahorro a través del copago de los medicamentos. “Más de cuatro millones de pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional y un gasto extra para estas personas, por pequeño que pueda parecer les impediría hacer frente a otros pagos”, dice Luis Martín Pindado, presidente de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Ese 10% sobre el coste de los medicamentos “parece poco, pero hay que tener en cuenta que a estas edades son muchas las medicinas que se toman. No es descabellado pensar que muchos pensionistas dejen de pagar otras cosas, como la luz o el agua, si tienen un gasto extra, les puede hacer un cisco”, afirma.
Los mayores, que en los últimos años eran el eslabón más débil en las estadísticas de la pobreza, han sobrellevado esta última crisis gracias a sus pensiones mientras que la pobreza ha ido adquiriendo un rostro más joven, el de miles de personas que se han ido al paro e incluso están siendo expulsados de sus casas por no poder afrontar la hipoteca. Esa es la razón de que muchos pensionistas hayan tenido que hacerse cargo estos años de sus hijos, de vuelta al hogar materno, y a veces también de los nietos. “Están ayudando a las familias con pensiones muy pobres. Decían que no iban a tocar las pensiones, pues esto es tocarlas, porque pagar los medicamentos, una exención que ya teníamos consolidada, es rebajar las pensiones”, afirma Martín Pindado.
“Entiendo que haya quien tenga pensiones más altas, pero no seré yo quien opine contra eso, porque el que cobra más es porque ha cotizado más, su trabajo le ha costado. Yo sugeriría al Gobierno que dé los medicamentos por dosis, que quizá así se podría ahorrar. Han hecho lo de siempre, medidas para los mayores sin contar con ellos, sin haber reunido siquiera al Consejo Estatal de Personas Mayores”, lamenta.
En España hay más de ocho millones de personas mayores de 65 años que se verían afectadas por esta medida. “No debería ser por colectivos, sino en función de la renta de cada uno. Esta medida tiene un elevado contenido recaudatorio, y aunque entendemos la situación por la que atraviesa España, esto afectará a personas que después de toda su vida en activo verán recortados sus derechos una vez más”, dicen desde la Confederación Española de Personas Mayores, CEOMA. Entienden que no es de justicia que “una vez más, la mayor parte del esfuerzo deba hacerla una parte de la población muy vulnerable, como son los enfermos crónicos, pensionistas y jubilados, porque son quienes perciben las rentas más bajas”. CEOMA recuerda que al colectivo de mayores les afecta también otras subidas, como el IRPF, el IVA, los transportes, el agua, el gas o la luz.
lunes, 16 de abril de 2012
"Ya no estamos en campaña; es momento de decir lo que de verdad pensamos"
El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, Jesús Aguirre.El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado califica de "utopía" los principios de la sanidad española de "universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad
El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, Jesús Aguirre, ha calificado hoy de "utopía" los principios de la sanidad española de "universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad", tras afirmar que "ahora que no estamos de campaña electoral es el momento de decir lo que de verdad pensamos".
Aguirre ha hecho estas declaraciones en unas jornadas de debate sobre las Ineficiencias del Sistema Sanitario, en las que ha dicho que "una vez superadas las elecciones generales y las andaluzas los políticos deben decir lo que de verdad piensan aunque sea políticamente incorrecto".
"El debate actual de la sanidad está en decir qué es lo que nos podemos permitir", porque el resto, según ha ironizado, es como la canción de "vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará..."
El senador del PP ha resumido todo esto "en tres palabras: no hay dinero", por lo que, en su opinión, es "mentira" decir que se va a "mantener la máxima calidad" cuando es necesario "gastar menos".
En esta línea, ha comentado que es el momento de "coger el toro por los cuernos y a decir las verdades del barquero en el tema sanitario" en lugar de referirse a principios grandilocuentes con los que, ha matizado, "se nos llena la boca".
Estos fundamentos, en su opinión, "están bien, como algo utópico" pero no hay fondos económicos para mantenerlos en momentos de crisis si se quiere garantizar la sostenibilidad del sistema.
Aguirre insta a "cogerse los machos" para decir que la sanidad pública actual no es viable
"Una cosa es lo que nos gustaría tener y otra lo que podemos tener", ha confesado Aguirre, para comparar estos principios con otros derechos de la Constitución Española como el del trabajo y la vivienda, de los que carecen "múltiples, cantidad de españoles".
"Cogerse los machos"
Aguirre ha suscrito que ahora toca "bajar a las trincheras y cogerse los machos" porque no se puede hablar de "solidaridad" y "universalidad" en el Sistema Nacional de Salud para dar cobertura a más de 500.000 turistas que usan gratis los servicios sanitarios de este país, teniendo "un nivel adquisitivo mucho mayor que el nuestro".
Igualmente, se ha referido a los hospitales de Ceuta y Melilla que son "los de referencia" para todos los pacientes que residen en el "norte de África" y siendo "por supuesto, gratuitos".
"La gratuidad es una falacia", ha aseverado el senador del PP sobre otra de las bases de la sanidad española, defendiendo el que se establezca un capago sanitario en función de la renta. "Nuestro sistema lo estamos pagando todos y el dinero no llueve porque emana y sale de nuestros impuesos", ha precisado.
Tampoco la "calidad" es algo real para este político, quien ha dicho que depende de qué parámetros se usen y quién los evalúe, porque cuando una comunidad se analiza a sí misma, como ocurre en Andalucía, ha matizado, la conclusión siempre es que "somos los reyes del mambo".
El parlamentario ha recordado que se suele decir que la sanidad española es una de las mejores del mundo, pero ha apostillado que si se compara con la inglesa, la francesa, la holandesa o la de los países nórdicos se ve que "nuestra calidad difiere".
En este contexto de crisis económica, de "focos de ineficiencias" y "posos negros", el parlamentario ha insistido en que "no hay dinero para mantener la máxima calidad" en la Sanidad sino "lo esencial y primordial para nuestros pacientes".
"Estos son nuestros mimbres y con estos mimbres tenemos que hacer un cesto", ha apuntado Aguirre, quien ha insistido en que "no habrá que ser solidarios con quienes se aprovechan" de la sanidad, ni hablar de gratuidad "cuando no hay para todos" ni de calidad "a cualquier precio".
martes, 10 de abril de 2012
Una revolución para recortar 6.000 millones en sanidad
Las medidas más duras del anterior Gobierno solo consiguieron rebajar la mitad de esa cantidad
Las calculadoras echan humo. Y, a falta de otros datos que el goteo de declaraciones de los responsables del PP, también las bolas de cristal. ¿Dónde va a meter la tijera o a poner el cazo el Gobierno para conseguir ese recorte anunciado de 10.000 millones –aproximadamente, otro 10%- solo entre educación y sanidad?
La primera incógnita es saber cómo se va a repartir el ajuste entre los dos servicios, el educativo y el sanitario. Suponiendo que sea de una manera proporcional, eso quiere decir que aproximadamente 4.000 millones corresponderían a educación, y los 6.000 millones restantes a sanidad.
Y esta última cifra asusta. El último Gobierno del PSOE consiguió rebajar el gasto en unos 3.000 millones, y para ello tuvo que rebajar los salarios un 5%, lo que aportó unos 1.400 millones, y aplicar drásticos recortes al precio de los medicamentos: otros 1.000 millones solo por la venta en farmacias, a lo que habría que sumar otros 400 millones en hospitales y alguna migaja adicional, como la incipiente central de compras, que solo funcionó para algunas comunidades, y la vacuna de la gripe.
Todas estas medidas pueden endurecerse. Gran parte del personal de la sanidad no es funcionario –son estatutarios, interinos, asimilados, subcontratados-, por lo que podría rebajársele el sueldo sin incumplir lo establecido en los últimos Presupuestos de congelar los salarios de los trabajadores públicos. Claro que esa medida tendría una venta muy difícil, ya que, en cambio, sí se les equiparó a los funcionarios durante la rebaja del 5% acordada en 2010.
Y si ahorrar 6.000 millones ya parece difícil, conseguirlo sin tocar los sueldos, que representan aproximadamente el 40% del gasto sanitario, parece una tarea titánica.
Queda la partida de lo que contablemente se denomina consumo intermedio (proveedores de productos y servicios). Pero estos representan aproximadamente el 20% de los presupuestos sanitarios (unos 15.000 millones). Meterle ahí un recorte de 6.000 millones supondría dejarlo en poco más de la mitad, cuando las últimas medidas en medicamentos, por poner el más claro y del que hay mejores datos, han conseguido una rebaja de alrededor del 10%. Si se extrapolara a todos los proveedores, serían unos 1.500 millones (salvo que se les siga sin pagar, pero eso parece que no es lo que se pretende).
Las otras partidas (transferencias corrientes o conciertos) son menos flexibles, ya que, simplificando mucho, son las que permiten que el sistema abra sus puertas cada día.
Hay una posibilidad no utilizada todavía, y muy difícil de cuantificar: reducir las prestaciones. Esto no se ha hecho jamás en el sistema sanitario español, y tendría muy mala venta. Nadie aceptaría que no se trataran las dolencias más comunes y caras, como procesos oncológicos o cardiovasculares, las crónicas (neurodegenerativas, diabetes, sida, mentales) o las urgencias.
Se podría pensar en suprimir algunos tratamientos que dentro del PP están muy cuestionados, como la interrupción del embarazo o, como ya sugirió el PP en la campaña catalana, la cirugía de adecuación de los transexuales. Lo malo, desde un punto de vista financiero, es que estas intervenciones no son muy caras. Y, por lo tanto, ahorrarían poco. Con los 100.000 abortos se podría dejar de gastar unos 50 millones. Con el tratamiento de la transexualidad, menos aún, porque son muy pocos.
Esta mañana, en una entrevista radiofónica, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordó la idea de revisar la cartera de servicios. Pero este anuncio, salvo que se tomen decisiones muy drásticas, puede ser más bien cosmética: sacar del catálogo prestaciones obsoletas y poco eficaces es algo que se explica muy bien, pero lo normal, a falta de la correspondiente evaluación, es pensar que los profesionales sanitarios han abandonado esas prácticas independientemente de que estuvieran en el catálogo para sustituirlas por otras más actuales, modernas, y, generalmente, igual o más caras.
Así que la otra opción no parece que esté en gastar menos (algo difícil, no solo por estas apreciaciones, sino porque ya el sistema sanitario público español dedica recursos muy por debajo de la media de los países de niveles de desarrollo similar), sino en empezar a cobrar.
El primer sitio para hacerlo podría ser la prestación farmacéutica. Parece la línea de menos resistencia, porque ya se paga (el 40% los trabajadores activos, el 30% los funcionarios aunque estén jubilados). La idea, según se puede deducir de lo dicho por Montoro, sería cambiar el sistema para que se pague más o menos en función de los ingresos, y no de la situación (es el famoso ejemplo de que un millonario jubilado no paga y un parado, sí). Esto tiene muchos problemas prácticos (qué pasa si el parado deja de estarlo, o si el jubilado millonario se arruina), pero sería fácil de explicar.
Pese a ello, parece que es lo que está estudiando el Gobierno. O, al menos, lo que se deduce cuando Montoro habla de progresividad, o cuando Luis de Guindos dice que quienes ganen más de 100.000 euros (menos del 1% de la población) paguen parte de las prestaciones.
Está, también, la idea de cobrar cantidades fija por servicio. Es lo que Cataluña ha aprobado (aunque todavía no se aplique) con la tasa de un euro por receta. Esta medida podría aportar unos 900 millones de euros si se aplicara a todo el país y a todos los pacientes sin excepciones.
Al margen de cuestiones como el impacto en la salud general, la injusticia de cargar en el enfermo –rico o pobre- el gasto o de que ya los ciudadanos, solo por pagar impuestos, abonan la asistencia sanitaria, introducir otras tasas (por consulta, por ir a urgencias, por día de hospitalización) tampoco aportaría grandes cantidades si se usaran parámetros similares a los de otros países europeos. A 10 euros el día ingresado, se obtendrían unos 420 millones; a 10 la visita a urgencias, unos 270 millones; a 10 euros la consulta en primaria, 820 millones. Todo ello suponiendo que no haya excepciones y se mantenga el ritmo de frecuentación actual.
Total, si no hay nuevos recortes de sueldos, los 6.000 millones parecen muy difíciles de alcanzar con las medidas ya conocidas y probadas: 1.500 millones en proveedores y 2.410 millones aplicando todos los copagos posibles en los términos expuestos supondrían 4.000 millones. La pregunta está en saber si los ciudadanos lo aguantarían, y, aun de ser así, de dónde sale el resto. Las respuestas se esperan el próximo miércoles, después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
EL PAÍS
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