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jueves, 4 de julio de 2013

Sanidad cree que el número de grandes dependientes es falso

Un informe del Ministerio defiende que hay un "número elevado de personas reconocidas con grado III" debido al "uso inapropiado del baremo de valoración". Sindicatos denuncian que este argumento le sirve a Mato para "justificar los recortes"
La Evaluación 2012 del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará mañana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del ramo, considera que hay un "elevado" número de personas declaradas grandes dependientes (grado III) y lo atribuye a "un uso inapropiado del baremo de valoración" con el que se diagnostica la situación que tiene cada persona.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los datos del SAAD entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 y señala que de 1,26 millones de personas valoradas y con derecho a prestación, 394.777 estaban localizadas en el grado III, un 31,27%, que es "casi el doble de lo previsto" en el Libro Blanco de la Dependencia, redactado en 2007. "A 31 de diciembre de 2011 este porcentaje era aún mayor: el 33,74% de personas reconocidas en grado III (431.811 beneficiarios)", expone el documento, que destaca no obstante que, "en este año ha descendido en 2,5 puntos porcentuales" el peso de la población con un mayor nivel de dependencia.

Sin embargo, horas después de que se difundiera el estudio, el Ministerio de Sanidad negó esas consideraciones y aseguró que el informe de la Evaluación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que votará este jueves el Consejo Territorial del ramo no recogerá esa apreciación. 
Sanidad niega las consideraciones del estudio y dice que el informe que se vota hoy no incluirá esas apreciaciones
De hecho, otro estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son "expulsadas" diariamente del Sistema, según ha indicado esta mañana el presidente del colectivo, José Manuel Ramírez. El XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013 revela también que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.
 
No obstante, el texto del Ministerio recoge "posibles causas de esta situación" que "se resumen en el uso inapropiado del baremo de valoración" aunque, conforme explica, "puede ser que confluyan también otros factores" como "que se han realizado reconocimientos de grado mediante la denominada 'pasarela' de personas ya atendidas". "Otra razón de este número tan elevado de personas reconocidas en grado III pudiera ser que la financiación viene directamente relacionada con el grado de dependencia reconocido", plantea el departamento dirigido por Ana Mato.
 
Por su parte, Ramírez ha pedido a la titular de Sanidad que "no alardee" de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941, el 1 de enero de 2012, a 213.824, el 31 de mayo de 2013, ya que, según ha apuntado, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera. Concretamente, ha denunciado que esta reducción es consecuencia de: "impedir que nuevos dependientes accedan al sistema", como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones "a la baja" del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.

Precisamente, Ramírez ha señalado que, si tuviera la oportunidad de preguntar a la ministra del ramo, Ana Mato, le cuestionaría sobre el número de revisiones de grado que, según ha remarcado, les consta que han sido "masivas y sangrantes" en algunas comunidades autónomas. "Las decisiones de este Gobierno han dado la puntilla para que la Ley (de Dependencia) muera por inanición", ha insistido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "mentir con medias verdades", de "jugar con los datos" y de "ocultar restricciones al acceso" al Sistema.

La evaluación del Ministerio dedica un capítulo a comparar el sistema de dependencia español con los de Alemania, Austria y Francia y, tras destacar que los baremos muestran "importantes diferencias" en cada uno, asegura que "sin duda el más generoso es el español". Según afirma, con los criterios que aplican los alemanes 163.000 personas atendidas en España se quedarían fuera del sistema y en Francia, 463.000 no llegarían a entrar. En este país se excluye de la atención a la dependencia a las personas menores de 60 años y no tienen grado I en su clasificación. "Si nos centramos en los casos de Alemania y Austria, los más parecidos a España, tenemos que las personas valoradas en grado III son un 11,9 y un 15,66%, respectivamente, mientras que en España este porcentaje, a 1 de enero de 2013, se eleva al 31,27%", explica el informe.

 Sindicatos y oposición, contra la "opacidad" del Ministerio

El PSOE y los sindicatos CCOO y UGT, por su parte, han denunciado que el Ministerio de Mato, lejos de aclarar los datos sobre Dependencia, los ha manipulado con "opacidad".
Los representantes de los trabajadores consideran que la propuesta de evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012 presentada este miércoles en la reunión del Pleno del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia supone "una apología a los logros obtenidos a través de las últimas reformas del sistema". "El Ejecutivo justifica los recortes económicos, lejos de reflejar la merma en la protección de las personas dependientes y en la calidad del sistema, de analizar la situación en que se encuentra el SAAD, y las consecuencias que han tenido estas decisiones políticas", lamentan CCOO y UGT.

Asimismo, acusan al Ejecutivo de "falta de transparencia" en la gestión de las cuentas públicas al presentar una evaluación donde no aparecen identificadas las comunidades autónomas cuando se desglosan distintos datos "bajo la excusa de que las competencias en servicios sociales son exclusivamente autonómicas" cuando, según explican los sindicatos, una parte del SAAD lo financia el Gobierno central a través de transferencias. Por todo ello, consideran que esta evaluación es "una oportunidad perdida para abordar los verdaderos problemas del Sistema de Dependencia" que, a su juicio, son la reducción de la financiación y la reducción de la protección social.

En la misma línea se expresó también la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso en materia de Asuntos Sociales, Rosa Aguilar, que ha acusado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de "maquillar" y "ocultar" datos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que, según un informe presentado este miércoles por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha retrocedido a niveles de 2009.

"El Gobierno está maquillando y ocultando los datos para no decir la verdad. Mientras dice que baja la lista de espera, lo que tendría que causarle vergüenza política decir, lo que se constata con los datos es que esa lista baja porque hay personas que se están muriendo y no hay tasas de reposición y porque hay personas a la que les están revisando el grado de dependencia y las están expulsando", ha declarado a Europa Press.

Para Aguilar, "la ley tiene los días contados como consecuencia de las políticas del PP". "No creyeron nunca en la ley y en el momento en que llegaron al Gobierno empezaron a desmantelarla paso a paso y ahora lo que están haciendo es enterrarla con un recorte que cada vez lo pone más difícil a las personas que necesitan más", ha añadido.

 http://www.publico.es

martes, 22 de noviembre de 2011

Una dependencia severa puede absorber hasta 70 % del presupuesto de un hogar


Madrid (EFE).- La presencia de una persona con una discapacidad severa puede llegar a absorber hasta el setenta por ciento del presupuesto de un hogar, lo que acentúa la situación de pobreza de este colectivo y contribuye además a elevar el nivel de pobreza total en España.

Así se desprende de datos que se han plasmado en un estudio sobre los aspectos sociales y económicos de la dependencia, que ha sido realizado por expertos de varias universidades y centros de investigación para la Fundación de las Cajas de Ahorros.

Según datos recabados por Efe en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, casi 750.000 personas perciben ya algún tipo de prestación incluida en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En el estudio monográfico sobre dependencia elaborado por la Funcas se ponen de relieve los dos aspectos fundamentales que han empujado a muchos países a incorporar la atención a la dependencia como uno de los pilares principales del estado de bienestar: la creciente longevidad y la reducción de la capacidad de las familias para hacerse cargo de sus miembros dependientes debido a la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Las grandes cifras de la discapacidad y la dependencia reflejan que en España hay casi cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad residiendo en viviendas y aproximadamente la mitad de ellas son dependientes ya que necesitan asistencia personal para satisfacer alguna de sus necesidades básicas.

Algunos de los expertos que han intervenido en el monográfico han explorado la relación que existe entre discapacidad, dependencia y pobreza, y han concluido que el coste de discapacidad moderada ronda el 40 por ciento de la renta de un hogar, pero que en una dependencia "severa" ese porcentaje se elevaría hasta el setenta por ciento.

Además, la población que presenta algún tipo de discapacidad tiende a estar mayoritariamente en la parte baja de la distribución de la renta, y cuando la renta del hogar se ajusta para atender los costes derivados de esa discapacidad se acentúa la severidad de la pobreza.

Al analizar la distribución territorial de la dependencia en España, los expertos han corroborado que el porcentaje de población dependiente -que residen en hogares o en centros especiales- es muy heterogénea y las diferencias porcentuales de población dependiente entre comunidades autónomas pueden llegar a ser más del doble.

Así, Galicia es la que presenta un mayor número de dependientes respecto a su población (el 6,6 por cien), seguida de Castilla y León, Extremadura y Asturias -con porcentajes las tres superiores al 6 por ciento-.

En el lado opuesto, la Comunidad de Madrid es la que tiene el menor porcentaje de personas dependientes (el 3,8 por ciento de la población), seguida de Canarias, La Rioja y Baleares, con porcentajes inferiores al 4,5 por ciento.

En el medio de la tabla se sitúan las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Aragón, Valencia, Ceuta, Melilla, Cantabria o Navarra, cuyos porcentajes de dependientes oscilan entre el 5 y el 6 por ciento; y Cataluña y el País Vasco (entre el 4 y el 5 por ciento).

En términos generales, uno de cada cinco españoles mayores de 65 años se encuentra en situación de dependencia; de ellos, un 14 por ciento padece una dependencia leve, un 4 por ciento una dependencia moderada y casi el 3 por ciento una dependencia grave o total.

Los expertos que han participado en este monográfico han valorado la institucionalización de la atención a la dependencia como cuarto pilar del estado del bienestar, pero han observado que la Ley de Dependencia en la que se basa es una norma "de hechos consumados".

Ante esta situación, los expertos apuestan por complementar la ley sobre la que pivota el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con políticas que planteen una mayor inversión en acciones preventivas, para anticiparse a la aparición de las enfermedades que provocan la discapacidad y la dependencia. EFE