Hasta un 72% de recorte a los colectivos más vulnerables. IMPRESENTABLE.

El movimiento asociativo de la discapacidad de Asturias sale a la calle en contra de los recortes

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Fuente: COCEMFE

Fecha : 31/07/2012

Representantes de las juntas directivas de COCEMFE Asturias y sus asociaciones, trabajadores, voluntarios y personas con discapacidad física y orgánica se unieron a centenares de personas que al grito de ¡Ni un paso atrás y no a los recortes, sí a los derechos! se concentraron a las puertas del Gobierno del Principado convocados por el CERMI Asturias.

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Los participantes mostraron su malestar e indignación tras conocer las partidas que el Gobierno del Principado de Asturias ha previsto destinar a las actividades realizadas por las ONG de la discapacidad en el presupuesto del año 2012.

Las cantidades que se conocen a día hoy suponen un drástico e inasumible recorte respecto a las cantidades adjudicadas y ejecutadas en el año 2011. Se trata de un recorte del 72%.

La presidenta del CERMI Asturias leyó un manifestó que será entregado al presidente del Principado y a todos los grupos parlamentarios en el que se exponía entre otros asuntos lo siguiente:

"Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social sometido a exclusión severa, con dificultades enormes para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales y para acceder a los bienes, productos y servicios considerados como normales para el resto de la población.

Las personas con discapacidad tienen unos ingresos un 25% más bajos que la población en general, la pobreza extrema afecta a más del  50 % y los anunciados recortes en servicios sociales, sanidad, dependencia, educación y empleo empeorarán esta situación.

Las personas con discapacidad se ven obligadas a hacer un sobreesfuerzo económico para mejorar sus condiciones de vida y este sobreesfuerzo se lleva una gran parte de sus ingresos.

A esto hay que sumar las subidas de tasas e impuestos, los recortes sociales y copagos que todas las administraciones están llevando a cabo. Con ello se está causando un serio perjuicio tanto a su integración y normalización como a su situación financiera.

Estos datos demuestran que hay un submundo dentro de la discapacidad, que hay personas que difícilmente pueden llegar a fin de mes al recibir unos ingresos irrisorios que en nada pueden apoyar su autonomía personal e integración social.

Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias.

En cuanto a los recortes en el ámbito de la discapacidad, se trasladó que por desgracia no son nuevos, ya que han venido produciéndose en los últimos tres o cuatro años reducciones significativas de partidas presupuestarias, que han hecho desaparecer servicios y dispositivos de apoyo y atención directos a personas con discapacidad y a sus familias, sobre todo los gestionados por las ONG de la discapacidad.

Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias.

Por todo ello consideramos que el mantenimiento de las Entidades del sector de la discapacidad así como los apoyos y los servicios que prestamos ha de ser "una prioridad" para el actual Gobierno y que este debe comprometerse firmemente con los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias".

Para finalizar Mónica Oviedo hizo las siguientes peticiones al presidente del Principado y todos los Grupos Parlamentarios:

"Que sigan apostando por las ONG de la discapacidad, apostar por nosotros es apostar por las personas con discapacidad, pues lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie

Las personas con  discapacidad no admitimos perder nuestros derechos exclusivamente por la CRISIS, pero con las cantidades y recortes anunciados por los responsables de las diferentes Consejerías del Principado de Asturias, así ocurrirá, pues va a ser imposible prestar la atención directa que veníamos realizando.

Les recordamos al Presidente y a los Grupos Parlamentarios que los servicios  que prestamos las ONG son servicios básicos dirigidos a los ciudadanos con discapacidad, un 13 % de la población en nuestro Territorio (estamos hablando de 140.000 personas) y por este motivo este grupo de población ha de ser una prioridad en su política.

Les informamos que no vamos a consentir que todo lo que hemos creado hasta este momento, el trabajo incansable y en muchas ocasiones altruista y los derechos conquistados a base de esfuerzo, reivindicación y coherencia, desaparezca en unos meses porque los mercados exigen un recorte y un ajuste irracional para  la convivencia y bienestar social.

Les trasladamos que si las cosas no cambian la discapacidad organizada en torno al CERMI Asturias seguirá tomando las medidas que sean necesarias hasta que este cambio se produzca, pues representamos a un sector de la población que nunca ha llegado a disfrutar de los mismos derechos que aquellas personas que no tienen una discapacidad y por ello lucharemos sin tregua para que no se dé ni un paso atrás, en las políticas de discapacidad,  pues de otra manera volveríamos al abandono, la discriminación, la desigualdad, la no inclusión, la dependencia y muchas de  las personas con discapacidad con pocos recursos a la caridad y la beneficencia.

El panorama que se nos presenta es desolador y para que las decisiones que se han tomado cambien estamos hoy aquí.

Para finalizar recordarles que las consecuencias de la crisis no tienen que ser pagadas por los colectivos más débiles de la sociedad como las personas con discapacidad y que la crisis no puede ser la excusa para los recortes anunciados".

“Prensatenientes” contra el SAT y sus dirigentes

 

Ante la campaña de difamaciones de los "prensatenientes" contra el SAT y sus dirigentes.

Fuente: Rojo y Negro

Que a los medios de comunicación de masas en manos de grandes grupos empresariales no les gusta hablar con rigurosidad informativa de las luchas obreras y sociales, es algo que no es nuevo ni tampoco extraño...

Ellos son parte de los que con esta estafa que es la crisis están robando más que en toda la historia del capitalismo, por tanto, cuando hay acciones u organizaciones como el SAT, que les apuntan directa y certeramente con el dedo, ellos responden con toda la ira y las sucias estratagemas manipuladoras que están a su alcance, que no son pocas.

Una de estás sucias estratagemas es la de sacar a relucir aspectos de la vida personal de seres humanos conocidos por ser ejemplo de lucha, constancia y entrega hacia los demás, tergiversándolos hasta lo absurdo con el fin de aislarlos y echar por tierra en minutos el currículum intachable de toda una vida. Esto lo ha tenido que sufrir en sus carnes el compañero Andrés Bódalo que el pasado domingo aparecía en primera plana del panfleto ultraderechista LA RAZÓN, tratado como un criminal, por pasar un fin de semana en un hotel almeriense con su compañera y uno de sus hijos. Por eso, ante este hecho, la Unión Territorial del SAT- Jaén quiere manifestar lo siguiente:

1. Como se decía más arriba, esto no es un ataque hacia personas en concreto, esto es un ataque primeramente hacia el SAT por que las acciones que estamos llevando a cabo están levantando multitud de conciencias. Porque estamos señalando a los culpables de esta estafa que hasta ahora no habían sentido tambalearse sus privilegios de tal manera. Contra esto, hay que estar preparados porque utilizarán cualquier medio a su alcance, desde la represión a la calumnia. Baste con recordar otro titular de LA RAZÓN, con motivo de la entrada de la Marcha Obrera en Córdoba: “Córdoba se blinda ante la entrada de Sánchez Gordillo y sus forajidos”… Si, si, para LA RAZÓN los trabajadores en paro, con dignidad y conscientes, somos forajidos. También podemos recordar otros ejemplos como los estudiantes difamados por este panfleto antes de la Huelga en Educación del 22 de mayo (1).

2. Es muy normal que LA RAZÓN arremeta contra trabajadores que se van de vacaciones. Es muy normal que les moleste que personas como Andrés y su compañera que saben lo que es partirse el lomo el año entero, pasen un par de días relajados. ¿Por qué no investigan lo que hacen los 363 días restantes? Los dueños de este panfleto, son los amigos y compañeros de los Juan Roig o los Amancio Ortega. Ambos, más millonarios gracias a “la crisis” y ambos conocidos por ser enemigos declarados de los derechos de los trabajadores. Para el primero, los bazares chinos son un ejemplo de lo que debe ser el mercado laboral (2) y, para el segundo, esclavizar niños y niñas de medio mundo ha sido el método para llegar a ser la tercera persona más rica del mundo (3). A esa gente, a la burguesía, representa LA RAZÓN a los trabajadores desde luego no y por eso no debemos ni hacerle caso porque solo intentarán engañarnos y enfrentarnos.

3. Habla también el panfleto LA RAZÓN del viaje del compañero Andrés a Venezuela para asistir a un “acto de Chávez”. Señores de LA RAZÓN, ya que han investigado el Facebook de Andrés, no cuenten las verdades a medias. Andrés fue a Venezuela en representación de todo el SAT ya que fuimos invitado por el gobierno de la República Bolivariana para celebrar el 1º de mayo, día Internacional de los trabajadores. Que sepamos, el 1º de mayo no se lo inventó Chávez. A los actos de celebración de este día, que a los “prensatenientes” de LA RAZÓN como enemigos de los trabajadores les tiene que chirriar bastante, acudieron invitados sindicalistas de los cinco continentes y, tanto los viajes, como la estancia corrían de la cuenta del Estado Venezolano al que, de paso, agradecemos el excelente trato que nos brindó tanto al SAT como a todas las delegaciones invitadas.

4. A los que quieran difamar diciendo que Andrés ha gastado dinero del SAT para sus vacaciones, les invitamos a que pasen un día por nuestra sede (Portillo de San Jerónimo, 1, Jaén) y pregunten por el responsable de finanzas y por los libros de cuentas. Si encuentran un céntimo que no haya sido gastado en labor sindical o social, estamos dispuestos a dimitir y abandonar el sindicato.

5. Hablan de la acción de Mercadona y de los que la llevamos a cabo, como si nosotros fuéramos los que estamos en la necesidad extrema. Hemos repetido mil veces que los alimentos no eran para los que entramos allí, incluido Andrés. Los que allí entramos lo hicimos porque tenemos una sensibilidad con respecto a esa gente, a nuestra gente, y queríamos señalar ese grave problema. Se habla de incoherencia, incoherencia sería que Andrés Bódalo tuviera una empresa con 20 trabajadores sin asegurar o pagando por debajo de convenio y a la vez fuera sindicalista. Eso si es una incoherencia, descansar con tu compañera y con tu hijo en un Hotel que tienes reservado desde hace meses no es una incoherencia.

6. Por último, un llamamiento a toda la clase obrera andaluza. Estamos viendo como cuando, los trabajadores que luchamos damos con la tecla para poner en jaque a la clase dominante ella responde unida y sin fisuras, todos a una: jueces, ministros, partidos vendidos al capital, medios de comunicación… Todos son uno contra nosotros. Tomemos ejemplo y no dejemos que nos dividan con sus calumnias y sus sucias artimañas. Seamos uno todas y todos los trabajadores andaluces para acabar con su robo multimillonario que es el que nos tiene sumidos en la miseria. Ante la pregunta ¿sigue existiendo lucha de clases? Warren Buffet, multimillonario estadounidense, lo tenía claro: si sigue existiendo, y la mía va ganando.

UNIÓN TERRITORIAL SAT-JAÉN

JAÉN, 28/8/12

(1) http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/17709-la-sinraz%C3%B3n.html

(2) http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/07/economia/1331118341.html

(3) http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/28389-detectan-otros-30-talleres-de-esclavos-vinculados-a-empresa-textil-zara-en-brasil.html

http://kaosenlared.net/component/k2/item/28916-ante-la-campa%C3%B1a-de-difamaciones-de-los-prensatenientes-contra-el-sat-y-sus-dirigentes.html

La Educación Prohibida

La Educación Prohibida - Película Completa HD

  https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc&feature=player_embedded#!

Sinopsis:

La escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es aun considerada la principal forma de acceso a la educación. Hoy en día, la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos en foros académicos, políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil.Desde su origen, la institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Decimos que no acompañan las necesidades del Siglo XXI. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tienen el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo.

A partir de estas reflexiones críticas han surgido, a lo largo de los años, propuestas y prácticas que pensaron y piensan la educación de una forma diferente. "La Educación Prohibida" es una película documental que propone recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las estructuras del modelo educativo de la escuela tradicional.

Más de 90 entrevistas a educadores, académicos, profesionales, autores, madres y padres; un recorrido por 8 países de Iberoamérica pasando por 45 experiencias educativas no convencionales; más de 25.000 seguidores en las redes sociales antes de su estreno y un total de 704 coproductores que participaron en su financiación colectiva, convirtieron a "La Educación Prohibida" en un fenómeno único. Un proyecto totalmente independiente de una magnitud inédita, que da cuenta de la necesidad latente del crecimiento y surgimiento de nuevas formas de educación.

Si quieres que la peli esté en tu idioma podes ayudarnos a través de nuestra plataforma de traducción colaborativa, escribenos un mail a: traducciones@educacionprohibida.org

Facebook:http://www.facebook.com/laeducacionprohibida
Twitter: @EdProhibida / #YoViLep

Fuente: Vagabundo tras la Libertad

¡¡ ATENCION MUY IMPORTANTE PARA PARADOS QUE NO COBREN PARO !!!

 

URGENTE-COMPARTIR

PARA QUE SE ENTEREN LOS 6 MILLONES DE PARADOS Y SUS FAMILIAS QUE SE HAN QUEDADO SIN COBERTURA MEDICA. ASCIENDE A UNOS 20 MILLONES DE PERSONAS LAS QUE HAN EXCLUIDO DEL SERVICIO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de ESPAÑA.

A partir del 1 de septiembre todos los parados que ya no cobren el paro o no hayan cobrado ningún tipo de prestación, deberán haber hecho un trámite en la seguridad social para seguir teniendo derecho a la ASISTENCIA SANITARIA.

Hay que dirigirse por tanto a la seguridad social y pedir cita previa a través de internet (abajo dejo el link).

Las personas que actualmente están trabajando o cobran el paro no tienen que hacer nada, el resto sí.

Ningún medio de comunicación se está haciendo eco de esto, por tanto os pediría que lo hicierais circular y en el INEM no saben nada, la agencia mas desinformada del Estado.

En la web de la SS hay un enlace (os dejo también el link más abajo), en el cual se puede consultar si estás incluido en su base de datos o no.

Ayer en cuanto nos enteramos sacamos cita previa después de comprobar efectivamente, que no estaba incluida, y esta mañana nos han confirmado lo que anteriormente os he dicho y nos han indicado los trámites a seguir. Esto afecta sobretodo a los mayores de 26 años, pero OJO!! que mi hermana de 9 años tampoco estaba incluida!!!

Por favor, HACEDLO CORRER, por si alguno de vuestros amigos o familiares están en esta situación, que no se les pase el PLAZO!!! esto es algo que debería ser de dominio público.

Los desempleados que estén cobrando algo, tienen asistencia médica, pero sólo 90 días después de cobrar la última prestación. Los que no cobramos nada, hemos sido excluidos del sistema y sólo tenemos derecho a ser atendidos en urgencias, pero ya no tenemos médico de cabecera, ni derecho a especialistas ni a pruebas disgnósticas. A partir de ahora, o pagamos o solicitamos en el centro de salud correspondiente la Tarjeta Sanitaria para personas sin recursos económicos. Esto es algo tan, tan alucinante, que nadie se lo quería creer ayer, pero esta mañana me he ido de trámites y es así: yo en concreto ya no tengo tarjeta. He solicitado cita en Información de prestaciones Familiares

ARTICULO 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situación...

La ley actualmente en vigor dice que las personas en paro que dejan de cobrar la prestación por desempleo, a los tres meses pierden también el derecho a percibir asistencia sanitaria gratuita porque han dejado de cotizar. Es así porque en España se vincula la asistencia sanitaria al trabajo y no a los derechos como ciudadanos. Cuando dejamos de existir para la

Seguridad Social, sólo se puede tener acceso a la sanidad gratuita si nos incluimos como beneficiarios de algún familiar, pero es requisito indispensable convivir con ese familiar y depender económicamente de él.

La otra opción, si ésta no es posible, es solicitar la tarjeta como persona sin recursos y acreditar esta situación. Aun así, todavía hay personas que no pueden acogerse a ninguna de estas dos soluciones porque, aunque estén en paro, sin cobrar el desempleo y sin ingresos, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, que en España está en unos 7.000 euros.

¿Por qué le bloquean a algunos desempleados la tarjeta sanitaria?

Analizamos la situación en la que se encuentran algunos parados que, después de dejar de cobrar la prestación, se ven sin cobertura sanitaria

De CARLOS CALA   04-12-2011 (Fuentes cadena ser)

Llevamos varios días escuchando casos de personas desempleadas que, después de dejar de cobrar el paro, encuentran bloqueadas sus tarjetas sanitarias. Se cree que hay decenas de miles de personas afectadas por esta decisión en algunas comunidades, como Galicia o Murcia, lo que ocurre es que muchas de ellas puede que aún no se hayan enterado. Manuel Martín: "No hay justificación para retirar la asistencia sanitaria"

Manuel Martin, presidente de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, confirma que las autonomías no comunican a los desempleados que se quedan sin prestación

Explicamos el por qué para entender lo que está ocurriendo.

Los desempleados que estén cobrando algo, tienen asistencia médica, pero sólo 90 días después de cobrar la última prestación. Los que no cobramos nada, hemos sido excluidos del sistema y sólo tenemos derecho a ser atendidos en urgencias, pero ya no tenemos médico de cabecera, ni derecho a especialistas ni a pruebas diagnósticas. A partir de ahora, o pagamos o solicitamos en el centro de salud correspondiente la Tarjeta Sanitaria para personas sin recursos económicos. Esto es algo tan, tan alucinante, que nadie se lo quería creer ayer, pero esta mañana me he ido de trámites y es así: yo en concreto ya no tengo tarjeta. He solicitado cita en Información de prestaciones Familiares

La ley actualmente en vigor dice que las personas en paro que dejan de cobrar la prestación por desempleo, a los tres meses pierden también el derecho a percibir asistencia sanitaria gratuita porque han dejado de cotizar. Es así porque en España se vincula la asistencia sanitaria al trabajo y no a los derechos como ciudadanos. Cuando dejamos de existir para la Seguridad Social, sólo se puede tener acceso a la sanidad gratuita si nos incluimos como beneficiarios de algún familiar, pero es requisito indispensable convivir con ese familiar y depender económicamente de él.

La otra opción, si ésta no es posible, es solicitar la tarjeta como persona sin recursos y acreditar esta situación. Aun así, todavía hay personas que no pueden acogerse a ninguna de estas dos soluciones porque, aunque estén en paro, sin cobrar el desempleo y sin ingresos, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, que en España está en unos 7.000 euros.

Los desempleados tienen 90 días de margen para realizar los trámites y solicitar de nuevo el ingreso como beneficiario en la Seguridad Social cuando dejan de cobrar el paro. El problema llega cuando nadie avisa a los afectados de que disponen de ese plazo antes de perder el derecho a la sanidad gratuita. Estos son muchos de los casos que se están conociendo estos días. Personas que llevan más de tres meses sin cotizar y que durante ese tiempo no han necesitado ir al médico. Cuando han acudido les han comunicado que tienen que solicitar de nuevo la tarjeta y, mientras se llevan a cabo los trámites, se quedan sin cobertura. De hecho, puede que haya quienes, en estos momentos, desconozcan que tienen la tarjeta bloqueada.

En muchos lugares, los médicos de familia han seguido atendiendo gratuitamente a estos pacientes, pero entonces el problema ha podido llegar al pasar las recetas en la farmacia porque el sistema informático ha lanzado el mensaje de que esa persona no figura en la base de datos y, por consiguiente, no tiene derecho a que la Seguridad Social le pague su parte de los medicamentos. Las personas sin tarjeta sólo pueden ser atendidas en urgencias, pero recordemos que en urgencias no se receta.

A partir del 1 de enero de 2012 entra en vigor la Ley General de Salud Pública, que reconoce el derecho a la sanidad gratuita también a los desempleados de larga duración. A partir de entonces, las Comunidades Autónomas que no den cobertura a todas estas personas estarán cometiendo una ilegalidad. Estará en sus manos agilizar los trámites para evitar que esta situación se prolongue.

El enlace para consultar si tenemos derecho a la asistencia sanitaria:

https://sede.segsocial.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=169207

Para pedir cita previa en la Seguridad Social:

https://sede.segsocial.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/164993

Fuente: Movimiento Mundial de Derechos Humanos al Trabajo

Derecho efímero o el recorte más canalla.

Por José Manuel Ramírez Navarro.

EN la Grecia clásica sólo se consideraba ciudadano de pleno derecho a aquellas personas libres y con sus necesidades básicas cubiertas, porque sólo ellas podían participar activamente en el gobierno de la polis, en el arte y en la filosofía. De la misma manera, en la sociedad actual sólo pueden ser ciudadanos en el pleno sentido de la expresión, quienes tienen garantizadas sus necesidades básicas. De ahí que la cuestión de los derechos sociales, como garantía de esas necesidades, constituyan una auténtica Cuestión de Estado, junto a las libertades y las instituciones democráticas. Sin ellos muchas personas pasarán de la condición de ciudadanía a la de súbditos.
Los derechos sociales, fundamentos del Estado del Bienestar, constituyen la base del pacto social sobre el que se sustentan las democracias occidentales. No son un adorno en épocas de bonanza, porque no los financia una clase pudiente (que en España, por cierto, contribuye muy poco al mantenimiento del Estado y de sus políticas sociales, en comparación con cualquier país europeo), sino el salario diferido que a través de la fiscalidad todos y todas aportamos.

En este marco, nuestra Constitución proclama a España como un Estado Social y Democrático de Derecho. En consecuencia, cuestionar los derechos sociales es cambiar el modelo de Estado y sociedad que decidimos darnos al aprobar la Constitución de 1978, y hacerlo al margen de los mecanismos democráticos previstos para una reforma constitucional no deja de ser un auténtico golpe de Estado.
La evidencia de la capacidad económica del gasto destinado a satisfacer derechos sociales, la dan los países que mayor desarrollo han logrado y que mejor están resistiendo los envites de la crisis. No es cierto que hayamos gastado en protección social más de lo que podemos; muy al contrario, España adolece de un auténtico raquitismo en esta materia: mientras que nuestro PIB es el 94% del de la UE-15, nuestro gasto público social es del 72%. Si lo lleváramos a lo que corresponde en porcentaje del PIB, tendríamos 66.000 millones de euros más cada año para nuestro Estado del Bienestar.

El recorte más canalla a través del Real Decreto-ley 20/2012, supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de dependencia, burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española. Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas, al tiempo que son antieconómicas. Entre las medidas adoptadas se pueden destacar como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes: Se crea un plazo suspensivo de dos años (decenas de miles de dependientes morirán antes de recibir la ayuda), se suspende la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 2015, se incrementan las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes, se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. Se eliminan las cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión consiste en las 170.000 personas por las cuales se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores.

La reducción dramática de 818 millones de euros (en Andalucía 177) tendrá como resultado: destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública (retornos) y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios. Las medidas adoptadas suponen dejar de inyectar al sistema fondos públicos por importe de más de 800 millones de euros sólo en el ejercicio 2012. Invertidos inteligentemente en servicios necesarios para las personas dependientes, tales cantidades habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y unos retornos (directos e indirectos) a las arcas públicas de 352 millones de euros que, sumados a los retornos inducidos, podrían haber alcanzado una cifra cercana a los 500 millones de euros. Por el contrario, se depreciarán todas las atenciones a más de 780.000 personas, se destruirán con toda seguridad en lo que resta de año 2012 más de 10.000 puestos de trabajo y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en Servicios Sociales.

El destrozo total del sistema es tan evidente que sólo caben dos posibilidades de valoración de la maniobra: o se trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de dependencia o bien se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial.

Fuente: Málaga Hoy

Defensores de la sanidad pública acusan al Gobierno de manipular los datos sobre el gasto farmacéutico

La FADSP asegura que Sanidad no cuenta que la mayoría de pensionistas crónicos compraron sus medicamentos en junio para esquivar el 'copago'

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha acusado hoy al Ministerio de Sanidad de "manipular" y "encubrir" la realidad en la información que difundió ayer sobre el gasto farmacéutico de julio pasado comparado con el mismo mes del año anterior.

Según el Gobierno, en el primer mes en que se aplica el 'copago', el gasto se redujo en julio en un 24%, el mayor descenso desde 1999. Pero para la FADSP, los datos son engañosos ya que "muchos pensionistas", particularmente los enfermos crónicos, compraron todos los fármacos que pudieron en junio.

En ese mes, según un comunicado de la FADSP, se incrementó el número de recetas en un 10,11% y el gasto farmacéutico en un 3,18% en el conjunto de España respecto a 2011, "rompiendo la tendencia a la baja".

La única excepción fue el País Vasco, que anunció que no aplicaría el nuevo sistema de financiación pública de medicamentos, de forma que allí el número de recetas disminuyó en un 0,05% y el gasto, en un 10,23% en junio.

Las asociaciones diferencian también entre lo que es el gasto público y el total, ya que parte de éste tiene que ser asumido desde ahora por los consumidores. "Además -dice la nota-, una parte importante de este ahorro no es tal, porque la mayoría del mismo deberá devolverse a los pensionistas por las comunidades en un plazo máximo de seis meses; es decir, se está produciendo en la práctica un préstamo a interés 0" de los jubilados a las autonomías.

Por ello, argumentan, el impacto real de las medidas sobre el gasto farmacéutico público no podrá ser evaluado hasta que finalice el plazo de reembolso de las cantidades que hayan aportado los pensionistas por encima de los topes fijados.

Sanidad dice que los fármacos excluidos del SNS tienen alternativas que sí se financian

• "Siempre habrá una opción subvencionada", asegura.

• El Gobierno excluye 417 medicamentos del SNS.

• Consulta la lista de medicinas publicada en el BOE.

El Ministerio de Sanidad ha asegurado este viernes que hay medicamentos que mantienen la financiación pública y son "alternativos" a los 417 que quedarán excluidos del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde el 1 de septiembre próximo, según publica el Bolentín Oficial del Estado (BOE).

Podrán seguir siendo prescritos por el médico, pero la diferencia está en que el paciente deberá abonarlos íntegramente, excepto 97 cuando se destinen a dolencias crónicas o graves, según ha comentado el director general de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero.
Si los pacientes no pueden pagarlo, "siempre hay un medicamento que está financiado que se puede utilizar", ha indicado.
En principio, estos medicamentos deberán mantener el mismo precio que hasta ahora y los laboratorios deberán comunicar a Sanidad cualquier subida posterior para que dé el visto bueno, pues siempre las subidas tienen que ser controladas por el ministerio.
El objetivo es ahorrar y actualizar el catálogo de medicamentosSanidad ha explicado que la mayoría de los que ya no tendrán financiación pública son para síntomas menores, como una reacción alérgica superficial, pero si es grave ya se aplicaría otro fármaco que "sí esta financiado".
"En ningún momento va a haber ningún problema para ninguna de las personas que tengan una patología en sí", según ha resaltado.
Aparte del ahorro, que es "importante", Rivero ha explicado que se trata de sostener el catálogo de medicamentos.
Para ello, tienen que ir desapareciendo o "desfinanciándose" aquellos que se utilizan para síntomas menores o que están "obsoletos" y, así, costear otros más eficaces los destinados a patologías mucho más graves y que cuestan mucho más.
Ha puesto el ejemplo de los nuevos medicamentos aprobados contra la hepatitis C, que pueden costar hasta cuatro o cinco mil euros anuales, u otros contra el cáncer de mama, que son "muy caros".
Para enfermedades crónicas o graves, el médico extenderá la receta oficial ordinaria, pues conoce en qué casos puede hacerlo, y no la dará si no es así.

417 medicamentos excluidos

El SNS financia 18.000 medicamentos, ha explicado, de los cuales 13.000 lo son a través de las recetas; el resto son medicamentos que se dan en los hospitales.
De esos 13.000 se han excluido 417, y el médico prescribirá siempre lo que crea más conveniente para el paciente en cada momento, según Rivero.
"Los medicamentos que se han sacado de la lista ahora han sido muy trabajados y elaborados por los técnicos ministeriales en colaboración con las comunidades autónomas", ha insistido.
Sobre otros nueve fármacos no excluidos finalmente, ha señalado que se han recibido alegaciones de los laboratorios y se ha preferido a estudiarlas "concienzudamente" antes de sacarlos del SNS.

Especiales :: Retrospectiva Diagonal 2011-2012

Retrospectiva DIAGONAL 2011-2012

La hostia nuestra de cada viernes

La entrada del Gobierno de Mariano Rajoy ha acelerado el ritmo y la profundidad de los recortes y las medidas para ’calmar a los mercados’. Este es un pequeño resumen de los principales.

Redacción web

Viernes 17 de agosto de 2012. Número 179

Cada viernes, una singular alineación de ministros anuncia las malas nuevas de la semana. Es la rueda de prensa tras el consejo de ministros, que en la etapa de Rajoy se ha caracterizado por anunciar varias medidas “dolorosas pero necesarias” para cumplir con los objetivos de deficit acordados en el pacto fiscal con el Eurogrupo.

De la reforma laboral, la del sector eléctrico y financiero, hasta las subidas de impuestos, las políticas de Rajoy se están caracterizando formalmente por dos rasgos: el primero, incumplir de forma sistemática sus propias promesas electorales. El segundo, que le gusta gobernar por Real Decreto y en consecuencia para informar cabalmente de las medidas es mejor esperar hasta su publicación en el BOE al día siguiente de ’show’ protagonizado por Sáenz de Santamaría, Montoro o de Guindos.

Foto: Olmo Calvo

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La letra pequeña del recorte se esconde en el BOE

En este caso, la letra pequeña del ajuste de 65.000 millones arpobado el viernes 13 de julio no sólo estaba en el BOE publicado al día siguiente sino en los planes finalmente presentados a la Unión Europea.

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La reforma laboral no sólo ataca al trabajo, ataca a la vida

Según la economista Amaia Pérez Orozco en su análisis sobre la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, “se da por hecho que no hay vida más allá del empleo, cuando de hecho son las relaciones y trabajos más-acá- del-mercado los que sostienen el mundo laboral”. Con su ataque a los convenios y las nuevas facilidades que ha dado al despido, especialmente en las administraciones públicas, la nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores ni siquiera cumplirá el objetivo de ayudar a crear empleo, tal y como ha reconocido el propio Gobierno.

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Sorpresas en el recibo de la luz

La subida final, entre abril y junio, ha sido de cerca del 12%. Más allá de las cifras, el artículo explica la opacidad del mercado eléctrico, con el famoso “déficit tarifario” cifrado en más de 21.000 millones de euros, como principal argumento que justifica la constante subida de los precios.

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Foto: Elena Buenavista

La ayuda de 400 euros y la última red de protección

A la hora de cerrar esta repesca de artículos todavía no sabíamos si el Gobierno finalmente prorrogaría o no la ayuda de 400 euros con la que van tirando más de 200.000 personas desempleadas que han agotado su prestación. Este artículo recopila los distintos ataques a las políticas asistenciales, desde el copago farmacéutico hasta los ataques a las ya exiguas rentas de inserción.

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La Ley de Dependencia, al borde de la desaparición

Debido a los recortes en los Presupuestos Generales del Estado (ya desfasados y muy por detrás de los recortes reales), las autonomías dejarán de recibir 283 millones de euros para la atención a personas dependientes. Antes de este recorte, 300.000 personas ya estaban en lista de espera para recibir algún tipo de ayuda, una situación que sólo puede empeorar con las políticas de austeridad.

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La educación pública sufre el mayor recorte de su historia

Ésta tiene gracia. Apenas unas semanas después de publicar los Presupuestos Generales del Estado, Moncloa saca una nota de prensa el 9 de abril con el siguiente titular: “Reunión del presidente del Gobierno con su equipo económico”. En esta nota, se informa de la decisión de recortar otros 10.000 millones de euros, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación, cuando el conjunto del ajuste aprobado en los PGE llegaba a los 27.000 millones. No se vayan todavía, aún hay más: en su avance presupuestario presentado a la Unión Europea el viernes 3 de agosto, este recorte pasaba mágicamente de estar cifrado en 10.000 millones a representar 15.000 millones.

Foto: Olmo Calvo

Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos

«Los excluídos del Sistema Nacional de Salud por el Real Decreto del Gobierno de Rajoy publicado en abril, tendrían que pagar por sus "convenios" un precio semejante al de las cuotas mensuales de aseguradoras privadas para volver a ser atendidos por el sistema público.»

Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.

La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”.

La orden es el desarrollo del real decreto publicado a finales de abril de este año, que delimitaba el acceso a la sanidad pública, y de un segundo decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, que recoge cambios como devolver a los mayores de 26 años que no han cotizado en la Seguridad Social la condición de asegurados y dejar fuera a quienes tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

La medida afectará a quienes no estén asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre. Pero ni siquiera todos ellos podrán acceder a un convenio de este tipo, ya que tendrán que cumplir dos requisitos: llevar al menos un año empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública. No hay una cifra de posibles afectados. Al comparar los datos del padrón y las altas en la Seguridad Social, salen unos 150.000 extranjeros en situación irregular, pero parte de ellos (alrededor del 15%) son menores, y para ellos sí va a haber atención sanitaria pública.

Firmar estos convenios será voluntario, y estos no cubrirán el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que correrían a cargo, por completo, de las personas que los suscriban.

No pagar una de las cuotas tendrá como castigo tres meses de suspensión del convenio —es decir, que durante ese tiempo se les negarán los servicios sanitarios no urgentes—. Si en ese tiempo se corrige el impago, el convenio seguirá en vigor pero, si no se salda la deuda, se extinguirá el derecho a la asistencia sanitaria.

A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas —a las que la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto— y los menores extranjeros, se les mantendrá el acceso en iguales condiciones que a los españoles (gratis), pero se les aplicará un copago farmacéutico del 40%. Las víctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexión establecido por ley y quienes hayan pedido asilo en España también podrán acceder a la sanidad pública.

Con este cambio, el Ministerio de Sanidad establece una doble vía entre quienes sean atendidos por la sanidad pública: quienes estén asegurados, que ya de por sí pagan más que antes por medidas como el copago farmacéutico y el futuro medicamentazo, y quienes no lo están, que podrán acceder a lo público pagando como se hace en el ámbito de la sanidad privada —aunque sin las oscilaciones de precio en función del sexo—. De hecho, el precio de los convenios se asemeja a las cuotas mensuales de aseguradoras como IMQ, que cobra por un paquete sanitario básico de 56,77 euros mensuales en adelante —119.09 euros al mes en el caso de, por ejemplo, una persona de 66 años—. Sanitas cobra cada mes a un hombre de 45 años 40 euros en el seguro más barato.

Los convenios especiales contarán con descuentos para aquellas personas que tengan familiares a su cargo —personas mayores y discapacitados—. A partir de la segunda persona que dependa de ellos, se descontará el 15% —cuando ya sean tres o cuatro suscriptores en la misma familia—. A partir de ahí, la rebaja será del 25%.

La orden, que está en el proceso de consulta previa entre los organismos afectados, es el paso siguiente a la delimitación del aseguramiento sanitario que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a través del real decreto de abril. Este impulsó grandes críticas de algunas comunidades, como Andalucía, País Vasco y Asturias, que ya se han opuesto a cerrar las puertas de sus centros de salud a los inmigrantes, pese a la orden del Ministerio de Sanidad de dejar de hacerlo a partir de septiembre.

Serán las comunidades las competentes para implantar el sistema de convenios, de comprobar la documentación y de expedirlos, pero el Gobierno limita sustancialmente su margen de maniobra, estableciendo que será el Ministerio de Sanidad el competente de actualizar cada año la cuantía de las cuotas y acotando a la cartera básica las prestaciones a las que podrán acceder quienes firmen los convenios. En manos de las autonomías solo está la manera de cobrar las cuotas.

Esta sorprendente orden llega justo cuando los extranjeros en situación irregular están a punto de perder la tarjeta sanitaria, que les será retirada a todos el 31 de este mes. Es una especie de concesión del ministerio, después de que todos los colectivos profesionales, médicos, enfermeros y farmacéuticos criticaran la decisión de dejarles sin atención. Sanidad insiste en que restringir el acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero profesionales como los especialistas en infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden fuera del sistema supondrán un gasto mayor.

Cómo queda la prestación

Trabajadores y pensionistas. Todo el que haya estado de alta en la Seguridad Social tendrá atención sanitaria pública.

Otros españoles. Quienes nunca hayan tenido tarjeta (personas sin recursos, rentistas o profesionales como arquitectos o abogados que tienen mutuas propias) serán atendidos si no ingresan más de 100.000 euros al año.

Comunitarios. Los ciudadanos de países de la UE tendrán atención sanitaria si sus países cubren la de los españoles en sus respectivos países. Si no, deberán contratar un seguro o pagarán la factura cuando vayan al médico.

Extranjeros no comunitarios. Si están en situación legal (con visado de trabajo o de estudios, por ejemplo) e inscritos en el registro de extranjería, podrán acceder al sistema sanitario como un ciudadano más.

Embarazadas y menores de edad. Tienen atención sanitaria gratis, igual que asilados políticos y víctimas de trata. O eso parece, porque el borrador, por un lado, parece que lo deja claro, pero luego establece una cuota para las personas de cero a 64 años, con lo que parece que los menores tendrán que pagar. El resto de los sin papeles solo podrá ir a urgencias, salvo que firme un convenio.

Fuente: EL PAÍS.

A Doña Pilar Farjas Abadía que la cesen.

Por Mª Ángeles Sierra.

El pasado día 30 de Julio la Asociación Consumidores en Acción FACUA, recibía de Doña Pilar Forjas Abadía, firmado de su puño y letra como presidenta de Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, regentado por Ana Mato como Ministra, amenaza de decreto de pérdida de condición de asociación de consumidores y usuarios, así como su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Entre otras lindezas y perogrulladas contenidas en dicha autoritaria y dictatorial comunicación, nada propias de una representante ministerial y que como consumidora y/o usuaria de las políticas de este país no me parece de recibo, se acusa a FACUA además de por sus campañas en defensa de los consumidores y usuarios, textualmente de lo siguiente:

“ … el que una asociación pretenda configurarse como una Asociación de Consumidores y Usuarios argumentando que defiende los derechos de los estudiantes como consumidores de productos de enseñanza no es admisible, ya que los estudiantes no consumen ni utilizan productos de enseñanza, sino que son los destinatarios o receptores de una prestación de servicio público que les facilita la Administración Pública competente en cumplimiento y desarrollo de un derecho constitucional y sin que medie una relación contractual entre la Administración y el estudiante.”

Resulta pues notorio el desconocimiento y la desobediencia por parte de esta señora a través de su misiva de la Legislación vigente, así como la temeridad de actuación en su proceder debido a su supina ignorancia, sobrada razón, para que sea cesada de inmediato.

Como usuaria que soy, repito, de la Legislación y políticas de este país, sin entender mucho de legislación pero sí de política por considerar que ésta es sin duda una de las actividades sociales más indiscutibles además de necesaria del género humano, me he tomado la molestia de dar un vistazo a la legislación de la que todos somos usuarios conforme a la misiva enviada por esta señora y esto es lo que a groso modo me he encontrado:

La Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación firmada por Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno en Funciones y refrendada por el Rey vino a dar respuesta, además de forma, a lo acordado en el dictamen de 28 de enero de 1998 del Comité Económico y Social de la Unión Europea dada la importancia que presentan la asociaciones para la conservación de la democracia.

Así mismo vino a desarrollar el artículo 22.1 y 51 entre otros, de la Constitución Española en los que se reconoce el derecho de asociación y la garantía a través de los poderes públicos de la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos y que hasta la fecha venía siendo regulado a través de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre, que a través de la disposición derogatoria única de esta misma Ley Orgánica, queda derogada, entre otras cosas por tratarse de una Ley preconstitucional y perteneciente al sistema dictatorial en el que vivió España durante los años del franquismo.

Igualmente el Capítulo III de la Constitución de los principios rectores de la política social y económica, determina a través de su artículo 51 que: “Los poderes Públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”

En la Exposición y Motivos I de la Ley Orgánica se dice textualmente: “Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad cultural.”

También en la Exposición y Motivos VI se dice textualmente: “Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza, para lo cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas conforme al marco legal y reglamentario de carácter general que las prevé, y al específico que en esa materia se regule legalmente en el futuro.

Y ya para finalizar por mi parte esta exploración, en el capítulo VII de garantías jurisdiccionales en su artículo 38.1 de disolución judicial establece que: “Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la autoridad judicial competente.”

Dicho esto, en base a la legislación vigente y como defensora de los derechos políticos, sociales y humanos que como consumidora y usuaria de los mismos me son sin duda inherentes, no me queda más que advertir que lo que esta señora ha cometido, es sin duda un acto de coacción y amenaza que perjudica seriamente los intereses generales de la sociedad, además de un serio atentado contra la institución a la que representa, por pretender hacerla contravenir en su nombre los derechos que supuestamente salvaguarda también en interés general de la sociedad, por lo que lo más sensato y razonable de cualquier Ministra que se precie, sería ordenar su inmediato cese o de lo contrario, también la ministra se convertirá en cómplice y promotora de un totalitarismo, que ni el pueblo español, ni las instituciones que le representan quieren, ni mucho menos,  se merecen.

Ya son 823 los médicos que se acogerán a la objeción para atender inmigrantes

Médico de cabecera

Imagen de archivo de un médico de cabecera. (JORGE PARÍS)

• Tienen que rellenar un formulario a través de la página web de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario.
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• Los médicos expresan así su lealtad con los pacientes, que imposibilita faltar a su deber ético e incurrir en el abandono.
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• Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco anunciaron su intención de seguir prestando atención a los inmigrantes irregulares.

EFE. 04.08.2012 - 13.22h

Más de 800 médicos, en concreto 823, han manifestado ya su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc).

Esta organización, la más representativa de Atención Primaria con unos 22.000 socios, puso en marcha este registro el pasado mes de julio y lo hizo con el fin de recoger la voluntad de los médicos que quieran objetar.

Para ello, los profesionales sanitarios solo tienen que rellenar un formulario a través de la página web de la SemFyc —www.semfyc.es—, en el que manifiestan su voluntad de querer ejercer la objeción de conciencia ante el real decreto aprobado por el Gobierno, ya que, subrayan, "deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas".

Su deber ético profesional

En el texto, el médico expresa también que su lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a su deber ético profesional e incurrir en el abandono.

El documento se enviará al Colegio de Médicos Provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, que han anunciado su intención de seguir prestando atención a los "sin papeles"), a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la sociedad federada correspondiente (en caso de ser socio de la semFYC).

El Grupo de Trabajo de Bioética de esta sociedad científica ha elaborado un documento que recoge su disconformidad con la medida del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir del 1 de septiembre y que defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer.

El último Consejo de Ministros aprobó la normativa que desarrolla la reforma sanitariaEl Consejo de Ministros de este viernes aprobó la normativa que desarrolla a su vez el real decreto de la reforma sanitaria y que establece los mecanismos para evitar el "turismo sanitario" y el "uso fraudulento" por parte de los extranjeros de los servicios de salud, que permitirá un ahorro de cerca de 1.000 millones al año.

Respecto a los extranjeros que residan en España de forma irregular, se les prestará asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, atención en el parto, embarazo y postparto, así como a los menores de 18 años.

http://www.20minutos.es

En defensa de la sanidad pública

En defensa de la sanidad pública

Encierro de los trabajadores de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Trabajadores de hospitales y centros de salud de la Administración madrileña han iniciado un encierro de 24 horas en el Hospital Clínico San Carlos a partir de las 12 horas de este martes para reivindicar un Sistema de Salud público, universal y gratuito, y que los empleos pertenecientes a servicios relacionados con este sector en dichos centros sigan siendo de carácter público.

En la concentración convocada para esta mañana han acudido gran número de trabajadores, que han coreado gritos en defensa de la Sanidad pública y críticos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la tal Aguirre.

A la concentración han acudido trabajadores de hospitales como La Paz, el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre, o La Princesa, además del propio Clínico, principalmente personal afectado por la posible privatización de hasta 26 categorías laborales prestados por personal público que dejaría de prestarse en muchos centros sanitarios y que pasarían a ser prestados por empresas privadas.

Una vez comenzado el encierro, han cubierto uno de los 'hall' del Hospital Clínico con pancartas reivindicativas y denunciando los intereses de las empresas en la Sanidad. Una de ellas rezaba 'Gestores e inversores de Capio: Rodrigo Rato, Ignacio López (marido de María Dolores de Cospedal) y Teresa Echaniz (hermana del consejero de Salud de Castilla-La Mancha)'.