La dignidad no es un lujo presupuestario

Ley de dependencia.

FRANCISCO J. SARDÓN PELAEZ | PRESIDENTE DE PREDIF CASTILLA Y LEÓN

En noviembre de 2006 se aprobó en el Congreso, por amplia mayoría, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Pocas personas, salvo los gurús de la dependencia, conocían el contenido prestacional de la Ley y mucho menos la filosofía y los objetivos que perseguía.

Quizá ese fue el primer handicap con el que se encontró la ley. La palabra 'dependencia' y, sobretodo, el término 'autonomía personal' eran nuevos e incluso revolucionarios para el conjunto de personas mayores y personas con discapacidad y esto generó una ola de expectativas, motivadas por la falta de información en los primeros meses de puesta en marcha, que en muchos casos ha desembocado en desilusión.

La desigual implantación de la ley en el territorio español, motivada por los continuos desencuentros presupuestarios, entre algunas comunidades y el Gobierno de la nación, ha lastrado y sigue lastrando el desarrollo del catálogo de prestaciones. Lo que mucho nos temíamos se consumó. Los partidos políticos, una vez más, fueron incapaces de caer en la tentación y practicaron una política de bajo perfil con una de las leyes sociales más importantes que se han aprobado en España en los últimos veinte años.

Sin duda, el principal valor de la ley, es que generó un derecho subjetivo y exigible. Las personas que no podían valerse por sí mismas ya no tenían que esperar una ayuda 'pseudomisericorde' de las administraciones públicas y, lo que parecía muy interesante, estas mismas personas eran respaldadas por ley, en algo que siempre ha sido natural e intrínseco en el ser humano, el derecho a optar a un proyecto de vida libre e independiente. También hay que reseñar, que la ley reconocía el trabajo que muchas familias españolas han llevado a cabo durante muchos años para atender a las personas dependientes.

Una ley con tan altas miras en sus objetivos debía ser respaldada, de forma permanente e intensa, con un presupuesto serio e incuestionable. Un presupuesto que ya en su inicio nació insuficiente porque la dependencia se asimiló, solo, a las personas mayores. La actual crisis económica y la vorágine de recortes que hemos iniciado pueden mermar esos mínimos apoyos que están recibiendo las personas dependientes y sus familias para vivir con la dignidad que exige el sentido común y puede torcer un camino que hemos iniciado y que nos pretende llevar a cumplir los objetivos reales de la Ley. Este camino lo han iniciado muchas personas dependientes que necesitan y exigen unos mínimos apoyos para poder vivir de una forma autónoma y poder normalizar su posición en esta sociedad.

Nuestra posición en la sociedad no es, y nunca ha sido, vivir de una forma pasiva o subsidiada, sino todo lo contrario. Nuestros anhelos no han sido otros que los de cualquier ciudadano: participar desde la igualdad de oportunidades. Darnos la oportunidad de participar, de una forma activa, se convierte en sinónimo de autonomía personal en esta ley y la autonomía, la independencia y la dignidad de las personas siempre es rentable, social y económicamente, para una sociedad y nunca se puede considerar un lujo en los presupuestos generales de un estado o de una comunidad.

La crisis no puede valer de excusa, en ningún caso, para amilanar los derechos básicos de las personas que más difícil lo tienen en esta sociedad, aquellas que no pueden valerse por si mismas. Pero además, insisto, sería un error político basado en un mal análisis económico, no entender, no solo que el desarrollo de la ley está generando nuevos empleos, sino que muchas personas están saliendo y van a salir de ese profundo e ignominioso pozo de la forzada pasividad, para convertirse en personas que aportan y enriquecen la sociedad con sus habilidades y sus capacidades

Mucho se está hablando de la insostenibilidad del actual concepto del estado del bienestar.

Este 'estado' es hoy más caro y hay menos personas que ayuden a soportarlo y esta parece ser la baza y la sinrazón para que las tijeras sean el instrumento de moda. Las personas con discapacidad hemos ofrecido a los políticos una salida inteligente a la actual crisis. Esta salida no es otra que la de convencerse de la rentabilidad social y económica del desarrollo real de la Ley de Dependencia. Garantizar la dignidad de las personas es rentable y exigible en una sociedad de calidad. Seguir dando la oportunidad a las personas dependientes de vivir de una forma autónoma es muy rentable económicamente porque huye de la pasividad para abrazar la participación y la contribución.

Ser uno más resume perfectamente los objetivos de la Ley de Dependencia.

Fuente: http://www.elnortedecastilla.es